Atrae la Corte nuevo juicio de amparo promovido para acceder a la interrupción legal del embarazo en Veracruz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un nuevo juicio promovido ahora por la asociación civil Equifonía en contra de los obstáculos que enfrentan las mujeres en Veracruz para acceder a la interrupción legal del embarazo.

Dicha asociación civil denuncia que en Veracruz las normas estatales sobre el aborto están mal hechas y no responden a lo que ordena la alerta de género que se decretó para la entidad en 2017.

María Adriana Fuentes Manzo, coordinadora del área jurídica de ese colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres, explicó al reportero Eduardo Murillo, de LA JORNADA,  que a diferencia del caso que fue abordado por los ministros de la Primera Sala de la SCJN a finales de julio pasado, este nuevo juicio de amparo no impugna del Congreso de Veracruz una omisión absoluta para normar la interrupción legal del embarazo, sino que “lo que existe para nosotras es una omisión legislativa relativa, parcial”.

Como se recordará, el pasado 29 de julio la Primera Sala de la SCJN analizó un amparo promovido por otra asociación feminista; en esa ocasión, cuatro de los cinco ministros  rechazaron el proyecto presentado por el ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, con el argumento de que no existe en la Constitución federal la obligación expresa para que los estados legislen sobre la interrupción legal del embarazo.

Ahora, en este nuevo intento, Equifonía aborda el tema con otra estrategia jurídica, que no denuncia la inexistencia de normas sobre la interrupción legal del embarazo, sino sus deficiencias.

Fuentes Manzo explicó en entrevista que buscan que la Suprema Corte fije, con base en los derechos de las mujeres contenidos en la Carta Magna y en las convenciones internacionales firmadas por México, cuáles son las características mínimas que deben contener las normas estatales sobre la interrupción legal del embarazo.

“Lo que esperamos de la Corte es que se analice, se haga un estudio comparativo de cuáles son los ordenamientos y que, claro, cada estado tiene la posibilidad de legislar como quiera, pero hay un piso mínimo que todas las mujeres tendríamos que tener, en relación a los derechos que todas tenemos”, declaró al diario capitalino la abogada Fuentes Manzo, de la asociación civil Equifonía.

La representante jurídica comentó que una vez atraído por la SCJN, el asunto fue asignado por turno a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien votó en contra del proyecto de González Alcántara Carrancá en el caso pasado, pero que confían en ser recibidas por la juzgadora para plantearle sus argumentos, antes de que este nuevo amparo se vote.

Dijo que entre los aspectos que le expondrán, es que en Veracruz las víctimas de violación tienen sólo 90 días para tramitar la autorización para interrumpir el embarazo, mientras en otras entidades se permiten hasta 12 semanas, factor que ha contribuido a que, tan sólo en lo que va del año, 967 niñas, de nueve a 15 años de edad, hayan dado a luz en la entidad veracruzana.

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