Grupos indígenas denuncian que no fueron consultados sobre el Corredor Interoceánico; Marín Mollinedo afirma que sacará del marasmo a la región istmeña

Mientras Rafael Marín Mollinedo, director general del proyecto, afirmó muy optimista que el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec sacará del marasmo en el que está sumergida desde hace décadas la región sur-sureste del país, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja formal, al considerar que el gobierno federal viola sus derechos a ser consultados sobre el desarrollo de esta mega obra que conectará comercialmente a los océanos Pacífico y Atlántico a través de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

La semana antepasada, al participar en el primer Foro regional para el fortalecimiento del capital humano: el reto del Corredor Interoceánico como pilar de la Cuarta Transformación, Marín Mollinedo aseguró que este proyecto impulsará el Istmo, pero sin un desarrollo depredador, pues se busca preservar la historia y tradiciones.

El funcionario dijo que es indispensable dar un fuerte impulso al sur-sureste, pues sus sectores productivos han estado aletargados por décadas, debido a la poca inversión, lo que ha provocado rezago y baja productividad, dijo.

El director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec adelantó que el proyecto desarrollará cinco grupos industriales (ecosistemas de desarrollo) enfocados en agricultura, ganadería y silvicultura, energía, manufactura diversa, así como logística y embalaje, que son los más adecuados para la región.

Además remarcó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la meta de lograr un desarrollo económico más justo, equitativo y solidario.

Marín insistió en que este corredor es una pieza clave ya que conectará, mediante ferrocarril, los puertos de Salina Cruz, del estado de Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, creando a su alrededor puntos de desarrollo industrial.

Buscamos fortalecer la infraestructura de esa área del país, e impulsar la economía para el bienestar de la población. Se trata de erradicar la pobreza extrema, preservar el medio ambiente y la identidad de la región”, resaltó el funcionario.

Sin embargo, el pasado 12 de agosto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja formal, al considerar que el gobierno federal viola sus derechos a ser consultados sobre el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo.

En una carta enviada al organismo autónomo que preside Rosario Piedra Ibarra, habitantes de la zona donde se desarrolla el proyecto federal protesta por la “violación a los derechos de los pueblos del Istmo, por lo cual requieren la intervención de la Organización de las Naciones Unidas.

Carlos Beas, representante de la Ucizoni, explicó que en enero de 2019 interpusieron una primera queja ante la CNDH, la cual no tuvo respuesta, por lo que el pasado 24 de julio volvieron a insistir, pero dijo que hasta la fecha no han obtenido noticias.

La queja ante el organismo es en contra de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del Corredor Interoceánico y de la Procuraduría Agraria

SÓLO DAÑOS AMBIENTALES Y POBREZA

La Ucizoni denunció que, en los últimos 50 años, diferentes gobiernos han impuesto a la región istmeña programas y proyectos que sólo han provocado severos daños ambientales y pobreza a la población originaria, con violaciones recurrentes a sus derechos.

El organismo civil señaló que el más reciente es el megaproyecto eólico con 28 parques establecidos en más de 18 mil hectáreas de tierras indígenas, dejando pocos beneficios para los dueños de la tierra y muchas ganancias para las empresas trasnacionales.

Señalan que entre 2019 y 2020 el actual gobierno federal ha impuesto un nuevo megaproyecto, lo que viola el derecho de los pueblos del Istmo a ser informados conforme a los estándares en materia de consulta indígena y de consentimiento previo, libre e informado, señala el documento.

La Ucizoni reclamó que sin haberse realizado una consulta con los estándares de ley, desde enero pasado iniciaron actividades trabajadores de nueve empresas y del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Además consideraron que esta premura por arrancar los trabajos resulta sumamente grave, ya que existe un acelerado crecimiento de contagios de Covid-19, lo que pone en peligro la salud y vida de la población indígena de nuestra región, advirtió el organismo.

Coatzacoalcos y la región istmeña de Oaxaca reportaban hasta hace un par de semanas un alto número de contagios.

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