Urgen a designar Comisiones de Selección faltantes del Sistema Nacional y de 17 Sistemas Locales Anticorrupción, entre ellos el de Veracruz

Alrededor de 30 asociaciones civiles del país urgieron al Senado de la República y a los congresos locales de la Ciudad de México y de 16 entidades federativas –entre ellas a la LXV Legislatura del estado de Veracruz– a concretar los procesos de designación pendientes de las y los integrantes de 18 Comisiones de Selección que aún están pendientes tanto en el Sistema Nacional como en 17 Sistemas Locales Anticorrupción.

En su posicionamiento, académicos, activistas de derechos humanos y promotores de la transparencia gubernamental expusieron que “a tres años de haber concluido el plazo dado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para la conformación y pleno funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), observamos con profunda preocupación la dilación de los congresos locales y del Senado de la República para llevar a cabo, o en su caso concretar, los procesos de designación pendientes de las y los integrantes de 18 Comisiones de Selección en Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y el Comité de Selección Nacional.”

Señalaron que “esta omisión no solo es una falta de responsabilidad legislativa para cumplir con lo que dicta la ley sino también evidencia una falta de compromiso con el combate a la corrupción, al debilitar la capacidad institucional de los sistemas nacional y locales, órganos fundamentales para coordinar políticas de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción con la autoridades competentes”.

“En este marco, las organizaciones que suscribimos este posicionamiento, hacemos un llamado a los congresos estatales y al Senado de la República a realizar o concluir a la brevedad los procesos de designaciones faltantes bajo estándares de transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas, y aseguren que los perfiles más idóneos y con independencia asuman estas importantes responsabilidades”, manifestaron, para lo cual exigieron lo siguiente:

  1. Emitan en su caso, una convocatoria pública, con plazos y etapas claras, que contemple la pertinencia cultural de cada estado, a la que se le dé una amplia difusión;
  2. Establezcan mecanismos efectivos de participación ciudadana, inclusivos, bajo esquemas de co-creación, de las convocatorias y metodologías de evaluación; medios para allegar información adicional que contribuya directamente a la evaluación de los perfiles o para impugnar candidaturas no idóneas; así como canales para el envío de preguntas o casos prácticos a formularse durante las entrevistas;
  3. Definan criterios de idoneidad para evaluar los perfiles, como la independencia partidistas, la autonomía de grupos de interés políticos y económicos, la ausencia de conflictos de interés y el amplio conocimiento en los temas que competes a estos órganos;
  4. Transparenten de manera oportuna y completa toda la información de los perfiles concursantes, que incluya sus hojas de vida, documentos probatorios, declaraciones de intereses, patrimonial y evaluaciones, así como la información referente al procesos;
  5. Transmitan en vivo las reuniones de las comisiones, las comparecencias y la deliberación de los dictámenes;
  6. Funden y motiven cada una de las decisiones tomadas por las y los legisladores; y
  7. Garanticen el principio constitucional de paridad de género de manera plena y efectiva, basado en competencia.

Concluyeron que “es importante que las y los legisladores asuman esta responsabilidad con la debida seriedad, atiendan las sentencias que diversos tribunales en el país han hecho para asegurar que los congresos funden y motiven debidamente la idoneidad de las personas basada en su experiencia y capacidades, y garanticen designaciones ciudadanas que eviten su captura por intereses políticos o económicos, ajenos a la naturaleza de la ley”.

Finalmente resumieron que “en la medida en que dichos procesos se guíen por los estándares antes mencionados estos órganos ciudadanos se fortalecerán y también crecerá la confianza ciudadana hacia ellos y hacia quienes resulten designadas o designados, brindándoles la legitimidad requerida para un desempeño más efectivo en cumplimiento con la función institucional para la que fueron creados”.

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