En 2017, el extitular de la Sedena detenido en EU por narcotráfico, fue galardonado por Congreso de Veracruz

Salvador Cienfuegos. Fotografía de la agencia Fotover.

El 3 de diciembre de 2017, la LXIV Legislatura del estado de Veracruz, bajo control de la alianza PAN-PRD, le entregó la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” al general Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces secretario de la Defensa Nacional, en una ceremonia en la

que también se le entregó el mismo reconocimiento al secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, por el apoyo que ambas instituciones habían dado a la entidad veracruzana.

Al hacer uso de la voz, el general Cienfuegos dijo que este reconocimiento es era el reflejo del respaldo y la confianza que los mexicanos depositan en sus fuerzas armadas y que sirve para que los soldados y marinos fortalezcan su vocación de servicio a favor de México.

Al confirmar la continuidad de las fuerzas armadas en Veracruz, sostuvo que la instrucción del entonces presidente Enrique Peña Nieto, era sumar esfuerzos con las autoridades estatales y municipales en aras de la seguridad y el progreso de México, sobre todo en aquellos lugares donde estaba en riesgo la seguridad de la sociedad. “Seguiremos aquí en Veracruz trabajando hombro con hombro con los veracruzanos”, afirmó hace tres años el ex titular de la SEDENA.

Por su parte, el entonces gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, destacó que la entrega de la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” era para rendir homenaje a la SEDENA y SEMAR, quienes están en lucha diaria para garantizar la seguridad de las personas y por ser los primeros que acuden cuando los fenómenos naturales se ensañan con Veracruz.

El mandatario panista dijo que este reconocimiento había surgido del consenso de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, las cuales habían interpretado la voluntad del pueblo veracruzano que aprecia y le tiene gratitud a sus Fuerzas Armadas por el gran apoyo recibido.

Yunes Linares aprovechó la ocasión para anunciar que con la anuencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas se mantendrían en Veracruz para dar continuidad a las tareas de vigilancia y seguridad para la población.

El gobernador enfatizó que la Ley de Seguridad Interior –que en ese momento la oposición de izquierda encabezada por Morena se negaba a aprobar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión– daría el marco para que las Fuerzas Armadas sigan participando en tareas de seguridad pública, con lo que –aclaró– el argumento de que el país se militarizará es frívolo y banal. “Si militarizar significa quebrantar al país y al régimen de libertades, estoy seguro que los marinos y soldados serían los primeros en oponerse, pues han sido ellos los firmes defensores de la democracia, de la vigencia del régimen de libertad y del orden constitucional”, afirmó Miguel Ángel Yunes.

LO LIGAN CON CASO GARCÍA LUNA

En su edición de este viernes, el diario LA JORNADA, el más cercano al gobierno del presidente López Obrador, publicó que la investigación de la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, sin ninguna notificación a México, partiría de la causa en contra del ex secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero que además podría haberse iniciado desde hace 10 años.

Según la versión del diario capitalino muy afín al régimen de la 4T, las informaciones provenientes de Estados Unidos aseguran que hay testimonios y pruebas de su relación con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, pero ha trascendido que son además otros cargos los que pesan sobre el ex jefe de la Sedena en la investigación que la DEA ha llamado “Operación Padrino”.

El general Cienfuegos es el primer ex titular de la Defensa Nacional en la historia del país que es detenido por presuntos nexos con grupos delictivos dedicados al narcotráfico, ya sea en territorio estadunidense o nacional, aunque en los años 80, durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), se mencionó que el entonces titular de la Sedena, el general Juan Árevalo Gardoqui, era señalado de tener nexos con integrantes del cártel de Guadalajara, pero nunca se le formularon cargos ni fue llevado a juicio. Arévalo estuvo resguardado en el Campo Militar Número 1.

Sobre la detención de Cienfuegos, funcionarios del gabinete de seguridad dijeron a LA JORNADA estar sorprendidos por el anuncio de las autoridades de Estados Unidos, ya que en México no se tenía ninguna investigación en contra del ex titular de la Sedena, y no se tenía conocimiento de alguna indagatoria a ese respecto en el país vecino.

Versiones surgidas en el gobierno mexicano refieren que el ex jefe militar enfrentará cargos por colaborar para el traslado y tráfico de enervantes a aquel país cuando fue comandante de la novena y quinta regiones militares, con sede en Guerrero y Jalisco.

Cienfuegos es el primer militar mexicano de tan alto rango que es detenido por autoridades de Estados Unidos. Antes de él, en México los casos más relevantes de nexos con grupos dedicados al narcotráfico que ha involucrado a generales y han llegado a sentencias condenatorias son los instruidos en contra de Jesús Gutiérrez Rebollo (detenido en 1997 durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y sentenciado a 40 años de prisión luego de que se le encontró culpable de colaborar con el Cártel de Amado Carrillo Fuentes, el llamado “Señor de los Cielos”), y Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, llevados a juicio por vínculos con el Cártel de Juárez en 2002.

Como titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos se caracterizó por su postura ante casos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el cual negó cualquier responsabilidad del Ejército en la desaparición de los estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Asimismo, insistió en negar cualquier responsabilidad de los militares en la matanza de Tlatlaya, donde 22 civiles fueron ejecutados. Finalmente, la entonces Procuraduría General de la República imputó a varios soldados los asesinatos, con base en los testimonios de algunos sobrevivientes.

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