Destituyen a la magistrada Martínez Huerta como Presidenta del TSJE; la sustituye provisionalmente Isabel Inés Romero Cruz, de la Quinta Sala

En sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado extraordinaria convocada a las 8:30 horas de este viernes 23, la mayoría de los titulares de las ocho salas del TSJE aprobaron destituir a la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del Poder Judicial del Estado.

Fueron seis los miembros del Pleno que acordaron destituir a Martínez Huerta y designar provisionalmente como titular del PJE a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien preside la Quinta Sala del TSJE.

De acuerdo con la orden del día, se presentó un informe de los miembros del Consejo de la Judicatura sobre la omisión de la presidenta Martínez Huerta al deber legal que le impone el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ante la inasistencia a cuatro sesiones convocadas por alguno de los miembros de ese cuerpo colegiado, conforme a la facultad que le confiere el numeral 103, fracción V de esa propia ley.

Además se informó sobre tres denuncias presentadas para dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionar, contra Hernán García Sobrevilla ex titular de la Dirección General de Administración, por nombramiento que para tal efecto le otorgó Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura a pesar de no existir acuerdo del Consejo de la Judicatura; José Luis Marques Reyes, quien se desempeñó como Subdirector de Recursos Materiales de la propia Dirección, actualmente titular del Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra; Elisa Rodríguez Cruz, ex Subdirectora de Recursos Financieros; Mónica Morales Silva, ex Subdirectora de Recursos Materiales, y Rosa María Jiménez Abud, ex Subdirectora de Recursos Humanos, “mismos que autorizaron, transfirieron, comprometieron y pagaron recursos públicos sin autorización del Consejo de la Judicatura actuando en Pleno, a más de no formar parte de los servidores públicos registrados para tal efecto, por lo que, dichos procesos de adquisición, adjudicación, servicios, contrataciones y obras están viciados de origen en perjuicio del presupuesto del Poder Judicial  y constituye un flagrante desvío de recursos públicos.”

También se dio cuenta de las denuncias administrativas presentadas por las Magistradas María Concepción Flores Saviaga y Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros contra la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, “por incumplimiento de un deber legal , las cuales se presentaron, en términos de lo dispuesto por el artículo 171, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la propia presidencia, con solicitud de excusa por parte de esta ante el evidente conflicto de intereses”.

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