Revelan que la FGR cabildea con el Poder Judicial federal para solicitar orden de aprehensión contra el expresidente Felipe Calderón

En su columna política que casi diariamente publica en el diario EL UNIVERSAL, el periodista Carlos Loret revela en su texto de este martes que “desde el mes pasado, la Fiscalía General de la República ha tenido acercamientos con el Poder Judicial para cabildear que se gire una orden de aprehensión contra el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa”.

“De manera informal, la FGR presentó ante las instancias judiciales el expediente con el borrador de la solicitud de orden de aprehensión”, escribe el también fundador del portal Latinus, quien detalla que “el motivo tiene que ver con el presunto mal uso de la ‘partida secreta’ de la Policía Federal en el sexenio en que Calderón fue presidente de México y la cabeza de esa corporación era Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública”.

Loret comenta que “el cabildeo por parte de la Fiscalía se dio para evitar que por algún error de integración o planteamiento en la carpeta de investigación, el juez negara la orden de aprehensión contra el expresidente”, y que “el intercambio extraoficial entre FGR y Poder Judicial derivó en que el documento-borrador con la solicitud de la orden de aprehensión regresó al ministerio público para que le hiciera ajustes y precisiones”.

“Previamente se había difundido que en el sexenio de Calderón Hinojosa, la Policía Federal manejó 7 mil millones de pesos en una ‘partida secreta’ etiquetada con la número 33701 del presupuesto”, señaló el columnista, quien asegura que “todo esto me lo confirman fuentes de primer nivel”.

Loret refiere que “este procedimiento de consultas informales entre la Fiscalía y el Poder Judicial se dio también para el caso de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero planteó inicialmente aprehenderlo por el presunto delito de ‘traición a la patria’.”

Y hace la siguiente referencia: “El 2 de noviembre, revelé en exclusiva la intención de la FGR de solicitar la orden de aprehensión contra Videgaray, y que como parte de esa estrategia, existieron contactos entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Un par de días después, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia mañanera lo publicado. Y explicó que el Ministerio Público Federal estaba cabildeando la obtención de una orden de aprehensión contra el también excanciller y que al mostrarla a los funcionarios del Poder Judicial, éstos recomendaron varias modificaciones para que tuviera mayor sustento. No se supo más del asunto.”

Loret, quien como conductor del noticiario matutino del Canal de las Estrellas, de Televisa –de donde salió en medio de la polémica al inicio de este sexenio–, fue duramente criticado por el fotomontaje realizado hace 15 años sobre la “captura” de la francesa Florence Cassez y su pareja Israel Vallarta, presunto líder de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco,  a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que en diciembre de 2005, a finales de la administración del expresidente Vicente Fox, estaba a cargo de García Luna, actualmente preso en Estados Unidos y cuya extradición ha solicitado el gobierno de México, se ha convertido en estos últimos dos años en el periodista más crítico e incómodo para el régimen del presidente López Obrador al revelar en exclusiva sonados casos de corrupción en los que han sido implicados familiares cercanos al mandatario, como su hermano Pío López Obrador y su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán, el primero recibiendo dinero en efectivo para su partido Morena de un ex operador político del ex gobernador de Chiapas del PVEM, Manuel Velasco Coello, y la segunda por los sospechosos contratos millonarios que ha recibido de Pemex y de otras dependencias federales a partir del gobierno obradorista.

‘RÁPIDO Y FURIOSO’

Igualmente, en su columna política que publica este martes en el diario EL FINANCIERO, el periodista Raymundo Riva Palacio también comenta que el presidente López Obrador va contra el exmandatario panista Felipe Calderón, a quien reiteradamente ha acusado de haberle robado la Presidencia de la República en la cerrada elección de 2006.

Con el título “López Obrador, tras Calderón”, el autor de la columna Estrictamente Personal comenta que AMLO “tiene una fijación” con la Operación Rápido y Furioso –un operativo sobre tráfico de armas que en 2009 montaron autoridades de Arizona con apoyo y consentimiento del gobierno calderonista–, y que “le ha servido para denostar sistemáticamente al expresidente Felipe Calderón”.

Riva Palacio señala que Calderón “ha negado las imputaciones y afirmado que esa operación fue secreta, y que su gobierno tuvo conocimiento de ella hasta que se hicieron públicos los detalles de la operación, que dio origen a una exigencia al gobierno de Estados Unidos para que frenara el flujo de armas a México”, y apunta que “una nota diplomática que se envió a Washington por instrucciones de López Obrador en busca de explicaciones sobre el operativo fue respondida hace meses con un simple ‘es un asunto cerrado’”.

Sin embargo, revela que “el Presidente no se quedó con ello” y que “instruyó a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica de la Presidencia para que judicialicen el caso y procedan a acusar a Calderón, al entonces procurador general, Eduardo Medina Mora, y a varios funcionarios de la extinta PGR, de homicidio por haber dejado pasar las armas, no obstante que –advierte el columnista– “esta acusación tendrá implicaciones naturales y necesarias en la Agencia de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que fue la responsable de esa operación, no la DEA, como cree equivocadamente López Obrador”.

Riva Palacio, uno de los principales columnistas políticos de EL FINANCIERO, hace la siguiente cronología:

“La Operación Rápido y Furioso comenzó a finales de 2009, cuando la oficina de ATF en Arizona recibió información sobre compras de armas en efectivo. Detectaron que el mexicano Jaime Ávila había comprado dos rifles de asalto AK-47, pero en lugar de detenerlo, lo siguió. Esa iniciativa se convirtió en un operativo audaz, pero se les salió de las manos y los asesinatos con armas que se suponía rastreaban, aumentaron. Un correo electrónico interno de ATF reportó que en marzo de 2010 hubo 958 asesinatos, el mes más violento desde 2005, y que personas que vigilaban compraron ese mismo mes 359 armas de alto calibre, incluidos “numerosos” rifles Barrett calibre 50. Rápido y Furioso fue autorizada por el Departamento de Justicia, se colapsó el 14 de diciembre de 2010, cuando en una ruta de contrabando de drogas en Arizona, cerca de la frontera con México, un escuadrón táctico especial de la Patrulla Fronteriza se enfrentó con narcotraficantes, y murió el agente Brian Terry, con la bala de una arma que habían dejado que compraran criminales mexicanos.

“El asesinato de Terry reveló uno de los más grandes fiascos de las agencias estadounidenses, la Operación Rápido y Furioso, que tuvo como precursor el Proyecto Gunrunner, implementado entre 2005 y 2008 para frenar el flujo de armas a los cárteles de la droga mexicanos desde Estados Unidos. Su predecesor, la operación Wide Receiver, en 2006 y 2007, vigilaba las compras de armas rumbo a México, y detenía a los contrabandistas antes de cruzar la frontera. Rápido y Furioso fue un escándalo para el gobierno de Barack Obama. El entonces procurador Eric Holden se negó a entregar los documentos de la operación a un panel que la investigó en la Cámara de Representantes, por lo cual lo acusaron de desacato. Finalmente, tras seis años de negociación del Departamento de Justicia con el Capitolio, se publicaron los documentos.

“López Obrador va a revivir todo el caso. Originalmente quería conocer si Calderón había violado la Constitución y si el gobierno de Estados Unidos había realizado operaciones ilegales en México. En cualquier caso, no le alcanzaba para procesar al expresidente. Ahora, con la acusación de homicidio, ha visto una posibilidad real de ponerlo ante un juez.

“La Fiscalía y la Consejería Jurídica van a tener dificultades para ligar a Calderón con la operación, pero tiene posibilidades para encauzar a Medina Mora, no sólo por el presunto delito de homicidio, sino por el presunto delito de traición a la patria, aunque tendrá que escarbar la documentación de Estados Unidos. La ATF hizo una revisión de la Operación Rápido y Furioso en noviembre de 2012, donde Bill Newell, agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, dijo que la oficina de la agencia en México y la policía mexicana –no la PGR–, se mantuviera “en la oscuridad” sobre esa operación que estuvo a su cargo. Uno de sus agentes, John Dodson, le reveló a la cadena de televisión CBS que todo fue mantenido en secreto para que no se enterara el gobierno de México.

“Medina Mora también ha negado siempre haber conocido de Rápido y Furioso, pero Dolia Estévez, una veterana periodista en Washington, encontró el memorando de una reunión en Washington en noviembre de 2007 entre los procuradores Michael Mukasey y Medina Mora, donde hablaron de investigaciones conjuntas de “entregas controladas” en las que participaran agentes mexicanos. No se sabe si aquello se concretó, pero esa es la prueba que el exprocurador mexicano sí fue enterado de lo que iban a hacer. Lo único es que cuando comenzó Rápido y Furioso, Medina Mora ya había sido sustituido, el año previo, por Arturo Chávez y Chávez, y en las operaciones previas, el procurador involucrado era Daniel Cabeza de Vaca, cercano hoy a Palacio Nacional.

“Así que la obsesión de López Obrador contra Calderón tiene que estar muy bien armada judicialmente y documentada, para que se sustente la acusación de homicidio. De otra forma quedará todo en lo que hasta ahora parece, la persecución política de quien le ganó la Presidencia en 2006.”

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