“Profunda decepción” del Departamento de Justicia de EU por difusión de expediente sobre general Cienfuegos

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) rechazó la acusación del gobierno de México de que la agencia para el control de drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó pruebas contra el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos –un general de 72 años de edad, detenido en octubre pasado en Los Ángeles–, y puso en duda la cooperación bilateral a futuro.

“Los documentos publicados por México (…) muestran que el dosier contra el general Cienfuegos no fue inventado”, aseguró el Departamento de Justicia de EU. “Estamos profundamente decepcionados por la decisión de México de cerrar su investigación y compartir la información que le fue compartida de forma confidencial”, expresó.

Agregó que “divulgar dicha información viola el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre México y Estados Unidos, y pone en cuestión si Washington puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones criminales de México”.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos está plenamente comprometido con sus investigaciones y los cargos en este asunto”, afirma el comunicado. El departamento había dicho antes que se reservaba el derecho a iniciar una nueva acusación contra el ex titular de la Sedena, “si México no lo hace”.

Antes del acuerdo de traslado con México, EU acusaba al ex jefe militar de presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y asistencia al cártel H-2 para “contrabandear miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos”.

El sorprendente arresto de Cienfuegos en Los Ángeles fue considerado una muestra clara de los altos niveles que alcanzó la corrupción en México, pero el caso generó un roce diplomático y el presidente López Obrador se quejó de que la DEA actuó a sus espaldas.

Sin embargo, EU subrayó que la información en la que se basó para acusar al general Cienfuegos fue recopilada legalmente en el país norteamericano, de conformidad con una orden judicial apropiada y en pleno respeto de la soberanía de México.

“Un gran jurado federal de Estados Unidos analizó ese material y otras pruebas y concluyó que los cargos contra Cienfuegos estaban respaldados por la evidencia”, indicó el Departamento de Justicia, por lo que ese país no descarta reabrir el caso contra Cienfuegos después de que el jueves la Fiscalía General de la República determinó no iniciar un proceso penal contra él al considerar que no tuvo relación con narcotráfico y crimen organizado.

CIENFUEGOS NIEGA IMPUTACIONES

A su vez, el general Salvador Cienfuegos negó que como secretario de la Defensa Nacional (Sedena) “haya ordenado, o prohibido en particular, que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales en Nayarit, toda vez que tal facultad no me correspondía ejercer, ni en esa entidad ni ninguna otra del país”, según declaró el ex jefe militar al comparecer ante el Ministerio Público Federal el pasado 9 de enero.

Su declaración ministerial ante la Fiscalía General de la República (FGR) fue para responder a las acusaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de los cuales la DEA se desistió para que fuera la justicia mexicana la que indagara su supuesto nexo con una banda delictiva con sede en Nayarit entre 2014 y 2017.

El Ministerio Público federal dio a conocer a través de su página web 60 archivos con los que se integran dos tomos y ocho anexos que en conjunto suman más de 6 mil páginas, en los que se da cuenta del proceso que llevó a cabo esta indagatoria con respecto a los indicios aportados por la DEA, y que incluyeron peritajes financieros, contables, telefónicos, de análisis y seguimiento a cada uno de los personajes señalados en ellos. Mucho contenido del expediente se encuentra testado, por lo que se resguardaron nombres, referencias y datos personales de los involucrados en el caso.

El general Cienfuegos aseguró a la FGR que durante su gestión (2012-2018) actuó conforme a la directiva de combate al narcotráfico y que en ella no interviene ni dicta lo que se hace, pues las operaciones son decididas y concretadas por los comandantes de las regiones y zonas militares.

Acerca de su detención en Estados Unidos, el ex jefe militar señaló: “El pasado 15 de octubre de 2020 viajé al aeropuerto de Los Ángeles con mi familia para pasar unos días de descanso en dicha ciudad y fui sorpresivamente detenido […] y un juez decretó que quedara yo bajo custodia para ser trasladado a la ciudad de Nueva York para que ahí respondiera ante el tribunal de origen [de la orden de aprehesión].

“El 6 de noviembre, vía remota, se llevó a cabo una audiencia en la que se le informó el motivo de su detención y que fue una orden de arresto consecuencia de una acusación presentada por un gran jurado por tres cargos de conspiración para transportar distribuir y traficar diversas drogas y uno de lavado de dinero producto de dichas actividades, de los que como declaré en aquel momento y lo reitero ante usted, soy totalmente inocente por no tener ni haber tenido nunca ninguna relación contubernio ni comunicación con los presuntos delincuentes que erróneamente me pretendía imputar la fiscalía federal estadunidense.”

El ex titular de la Sedena afirmó que son falsas las referencias a su persona que se hacen en los supuestos mensajes de los integrantes del cártel H-2, pues señaló que nunca tomó vacaciones durante el sexenio en el que fue secretario de Estado, y que tampoco fue cierto que durante 2016 “iba a mandar 300 elementos para montar una exposición del Ejército a partir del 20 de agosto en Nayarit, pues durante 2016 únicamente se instaló la exposición La gran fuerza de México en las ciudades de Piedras Negras, Coahuila; en Tlalnepantla, Estado de México, y en Hermosillo, Sonora”.

En cuanto a la conversación interceptada en la cual se habla o se describe al supuesto titular de la Sedena, mencionó: “Si algo sobresale de mi aspecto físico es mi estatura qué es… Y mi color de tez morena, es decir, que soy todo lo contrario al chaparrito y blanco de donde resulta evidente que este delincuente en realidad jamás sostuvo entrevista alguna conmigo”.

Durante su comparecencia Cienfuegos se refirió también al supuesto parentesco con el gobernador de Sinaloa y señaló que “es totalmente falso, pues su cónyuge no tiene ninguna relación de parentesco”.

Señaló que la documentación aportada por la justicia estadunidense era insuficiente, lo que confirma “la carencia de pruebas que den solidez a sus imputaciones”.

Aseguró: “Deseo manifestar que nunca he recibido ni un solo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, nunca nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, no tengo otras remuneraciones más que las que la nación me otorga; no tengo empresas; no soy socio e inversionista de ningún negocio; jamás he incurrido en ningún tipo de actividad de la que pudiera obtener alguna ganancia indebida”.

La defensa del ex secretario señaló que la investigación de la DEA resulta a todas luces retórica, pues si las personas y los dispositivos cuyas comunicaciones fueron interceptadas se encuentran en México, es claro que dichas intercepciones se efectuaron en territorio nacional y sin autorización judicial de autoridad mexicana, contraviniendo el artículo 16 constitucional. Por tanto, independientemente de la responsabilidad penal que pudieran implicar, carecen de todo valor probatorio.

Lo anterior forma parte del expediente que integró la FGR respecto del general Salvador Cienfuegos con base en la indagatoria y las pruebas que integró la DEA y que concluyó con la determinación del no ejercicio de la acción penal por considerar que no hubo elementos de prueba que acreditaran la comisión de algún ilícito por el ex secretario.

La FGR concluyó que se determinó no ejercitar acción penal al “no existir hechos específicos que puedan ser atribuibles de manera clara y objetiva” a Cienfuegos Zepeda, reiterando que el ex secretario de la Defensa Nacional no cometió ninguno de los hechos que le fueron atribuidos por la justicia estadunidense.

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