SCJN estaría por invalidar decreto de Rocío Nahle que obstaculiza conexión de empresas privadas al Sistema Eléctrico Nacional

El próximo miércoles 27, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)revisarán un proyecto que propone invalidar alrededor de 20 disposiciones relevantes de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo de 2020 por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por el diario REFORMA, se trata de directrices con las que Nahle García busca dificultar la conexión al SEN de centrales privadas que generan electricidad a partir de fuentes renovables, y que serían bloqueadas mediante requisitos que les impondría el Centro Nacional de Energía (Cenace).

El diario capitalino refiere que según se indica en el proyecto, dichos requisitos son contrarios al marco constitucional y legal de la industria eléctrica, vigente desde la reforma energética de 2014.

La controversia que discutirán los ministros de la Segunda Sala de la SCJN fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y es adicional a demandas similares que promovieron varios gobernadores de oposición.

Para aprobar el proyecto del ministro Luis María Aguilar, bastará con el voto de tres de los cinco ministros de la sala, y el caso no sería visto por el pleno del máximo tribunal, porque lo impugnado no tiene el rango de ley o reglamento, sino que es un mero acuerdo administrativo.

Es posible, sin embargo, que alguno de los ministros de la Segunda Sala solicite que el caso sea enviado al Pleno de la SCJN, lo que sólo ocasionaría que se retrase su solución.

Desde junio pasado, el decreto de Nahle fue suspendido por dos jueces federales que han tramitado decenas de amparos de empresas privadas, y en noviembre el juez Juan pablo Gómez Fierro lo declaró inconstitucional en su totalidad, porque la Secretaría de Energía lo publicó en el Diario Oficial de la Federación sin someterlo a proceso de mejora regulatoria.

Las sentencias que conceden estos amparos, sin embargo, no surten efectos mientras no sean confirmadas por un tribunal colegiado”, señala el artículo publicado por el diario REFORMA en su edición impresa de este jueves.

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