Acusan que Iberdrola, que canceló inversión en Tuxpan, es beneficiada con más del 20% de los subsidios de CFE a productores privados de energía

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett Díaz, advirtió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que de mantenerse el esquema vigente de contratos con los productores independientes de energía, el daño a la nación ascendería a 412 mil millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios y de inflación, bajo despacho y tarifas crecientes.

La “CFE sufre una sangría”, alertaron directivos de la CFE, quienes explicaron a los legisladores que tan sólo los subsidios a los productores independientes de energía ascienden a 249 mil 606 millones de pesos, y de este monto 56 mil 175 millones corresponden exclusivamente a la trasnacional española Iberdrola por la operación del parque eólico La Venta, en el estado de Oaxaca.

Iberdrola es la empresa que en junio del año pasado anunció que por supuestos desacuerdos con la CFE había decidido suspender la construcción de una planta energética de ciclo combinado en el puerto de Tuxpan, Veracruz, en la cual iba a invertir mil 200 millones de dólares, o sea, alrededor de 24 mil millones de pesos.

Según declaró en aquella ocasión el alcalde tuxpeño Juan Antonio Aguilar, la firma española ya habían invertido 40 millones de dólares en la compra del terreno y pagos de permisos, e iba a generar cerca de 2 mil empleos directos. Sin embargo, el munícipe panista explicó que “debido a que no se había concretado un contrato con la empresa TransCanada y CFE de suministro de gas, estuvieron 9 meses en el intento, no pudieron y decidieron retirarse”.

La construcción debía comenzar el 1 de agosto de 2020, pero tras casi un año sin poder cerrar un acuerdo con la CFE para el suministro de gas, la empresa habría comunicado al alcalde la suspensión de la obra. Quedaría cancelada esta obra, esta inversión importante. No niego que se pueda recuperar pero hoy por hoy lo manejan como cancelado”, expresó el edil del Partido Acción Nacional (PAN), quien señaló que “por la cuestión de la pandemia, esta construcción iba a dar un gran respiro a toda esta gente”.

Con una plantilla de mil 300 trabajadores y una cuota de mercado en México del 15%, Iberdrola tiene una capacidad instalada de más de 9 mil 100 megavatios (MW) repartida en 22 centrales ciclos combinados, cogeneraciones, parques eólicos y fotovoltaicos ubicadas en 13 estados de la República Mexicana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en varias ocasiones que en anteriores gobiernos hubo empresas españolas favorecidas con contratos, como Repsol e Iberdrola.

Este jueves, en el parlamento abierto convocado por la Comisión de Energía de la LXIV Legislatura federal para discutir la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, funcionarios de la CFE aclararon que no hay una nacionalización disfrazada y llamaron a “poner fin al saqueo de un pequeño grupo de particulares, de gángsters que se han hecho intensamente ricos” con los contratos obtenidos al amparo de la reforma energética del sexenio pasado.

Morena defendió la iniciativa, al señalar que no debe privilegiarse el negocio, sino generar condiciones de equidad entre la CFE y las empresas privadas, las cuales reciben subsidios disfrazados, dijo el coordinador de la bancada, Ignacio Mier.

A su vez, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, resaltó que las reglas están hechas para beneficiar a los generadores privados, a quienes se les paga aun si no producen ni venden electricidad a la CFE, con un costo de hasta 16 mil millones de pesos para el Estado.

Las subastas impuestas con la reforma energética “son una simulación de precio más bajo” para que entren primero a la red, pero las compañías no informan el costo de porteo, de respaldo y de servicios auxiliares, lo cual incrementa el costo real.

En contraste, el diputado priista Enrique Ochoa Reza, director de la CFE en la administración anterior del ex presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que si se privilegia la generación con combustóleo y diésel, antes de otras opciones más económicas, “se encarecerá el sistema eléctrico nacional. ¿Qué tanto más caro? La Comisión de Presupuesto estimó que serían hasta 135 mil millones de pesos más”.

El legislador y ex dirigente nacional del PRI preguntó: ¿Quién pagará ese monto? ¿Acaso aumentarán las tarifas eléctricas en 135 mil millones de pesos? ¿O la próxima legislatura aumentará el subsidio en 135 mil millones para pagar los platos rotos por usar combustóleo y diésel, en lugar de generar energía con sol, viento o gas natural que son más económicos?

Por su parte, el director de CFE Energía, Miguel Reyes, planteó que el Congreso debe vigilar cuánto del presupuesto de la empresa se destina a favorecer a los consumidores, garantizar la soberanía energética y confiabilidad de la red, y cuánto a anclar inversiones privadas.

Citó, por ejemplo, que los subsidios a Iberdrola constituyen un dumping comercial y desglosó: por tarifas de porteo la CFE no recibe 2 mil 600 millones de la empresa española; por intermediación de contratos legados 10 mil 75 millones, y de ingresos no percibidos por suministro básico, 43 mil 500 millones de pesos.

Mientras, el director de finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez Aguilar, explicó que “no hay libre competencia en el sector eléctrico, sino un monopolio de un grupo muy chiquito de empresas”. Calculó que con la reforma se acabarán los subsidios “a un grupúsculo de hampones y las tarifas podrían bajar 20 o 30 por ciento, que equivaldría a una disminución de 140 mil millones de pesos en beneficio del bolsillo del pueblo mexicano”.

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