Hora cero

Violencia política en Veracruz

 

Luis Alberto Romero

El gobernador de Veracruz anunció que pediría la participación de los ayuntamientos en los trabajos para garantizar la seguridad durante el proceso electoral 2021.

Dijo que el plan estatal en materia de seguridad de las elecciones todavía no está terminado en Veracruz y que habría diálogo con todos los partidos y actores políticos.

El problema es que la violencia contra la clase política está a todo lo que da en Veracruz, como lo muestran los recientes casos del aspirante a la alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas; de la ex diputada Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín; del precandidato a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz Parra; y de una larga lista de políticos veracruzanos que han sido víctimas de ataques mortales, secuestros, levantones  o agresiones en los últimos dos años en la entidad.

Los casos recientes de agresiones contra integrantes de la clase política de Veracruz se suman a los asesinatos de 2020: el 11 de noviembre, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, fue secuestrada y ejecutada.

Antes fueron ejecutados Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, el 24 de abril de 2019; y el diputado local Juan Carlos Molina Palacios, en noviembre de ese mismo año.

Rogelio Ayala Palomino, ex alcalde de Yecuatla, no estaba en funciones, pero igual su ejecución, por la madrugada del domingo 21 de julio de 2019, se convirtió en una mancha en las estadísticas de agresiones contra integrantes de la clase política local.

Todos esos casos corresponden a la actual administración estatal.

Previo a dichos casos, se registraron los asesinatos de Santana Cruz Bahena, el 20 de noviembre de  2017; era presidente municipal electo de Hidalgotitlán; el 25 de noviembre de ese mismo año, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, alcalde priista de Ixhuatlán de Madero, fue emboscado y asesinado a balazos.

El 10 de enero de 2018, Víctor Molina Dorantes, ex alcalde de Colipa, fue asesinado a balazos.

El problema no sólo es la facilidad con la que han operado en Veracruz quienes han buscado privar de la vida a otra persona, sino la impunidad con la que se mueven los asesinos.

De todos esos casos, solo el de Mixtla de Altamirano fue resuelto por la fiscalía estatal: en noviembre de 2019 fue capturada por esos hechos María Angélica “N”, ex alcaldesa de ese municipio, siete meses del ataque que cobró la vida de la presidenta municipal, su esposo y un auxiliar.

Fuera del caso de Maricela Vallejo, no hay antecedente de esclarecimiento de ningún otro asesinato contra alcaldes o diputados en Veracruz.

El tema fue puesto sobre la mesa el pasado 4 de marzo durante las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal dio a conocer que siete estados del país concentran el mayor porcentaje de casos de violencia política.

De septiembre a la fecha han ocurrido 64 homicidios contra políticos mexicanos. Entidades como Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja California, Jalisco y Veracruz podrían considerarse focos rojos en delitos de contra actores políticos.

Fue ese un llamado de atención las autoridades de esos estados; y caso curioso, ese día, cuando se hablaba en la conferencia de la violencia política, caía abatido Melquiades  Vázquez.

Las reacciones eran de esperarse: actores políticos y dirigentes partidistas exigen un freno a esa violencia; y trabajo por parte de las autoridades estatales. Mientras eso ocurre, el gobernador señala que los ayuntamientos deben proteger a los candidatos.

Lo evidente es que de la violencia que se registra en Veracruz nadie se salva; y que, además, el problema ha rebasado la capacidad gubernamental. @luisromero85

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