EL ARTE DE GOBERNAR

Evolución patrimonial, la clave

Daniel Badillo

Ahora que finalmente las instancias de procuración de justicia han decidido actuar –por fin- contra uno de los principales secuaces del gobierno de Javier Duarte de Ochoa como lo es Gabriel Deantes Ramos, personaje siniestro que se suma a otros impresentables de esa camarilla de rufianes provenientes del norte, centro y del sur del estado, que despojaron a los veracruzanos de los recursos públicos y se hicieron de fortunas incalculables y bienes mal habidos, convendría tener presente que es fácil identificar a ladronzuelos de poca monta como éstos, con el simple hecho de dar seguimiento a su evolución patrimonial.

Traigo esto a colación, porque prácticamente en los gobiernos de todos los partidos, tanto a nivel federal, como estatal y municipal, existen personajes voraces que creen que el presupuesto público es de su propiedad y se solazan robando a manos llenas sin la menor vergüenza; no obstante, es muy fácil identificar a dichos personajes que meten la mano, el pie y el cuerpo entero al cajón, con sólo observar cómo vivían antes de ingresar al “servicio” público y cómo viven después de dejar los cargos.

Conozco, en lo personal, a varios personajes de tan baja ralea que cuando incursionaron por primera vez en la actividad política y gubernamental, no tenían ni para los pasajes ni para los taxis; mucho menos para adquirir un traje de regular calidad, y ahora son unos verdaderos potentados propietarios de placas de taxi, enormes mansiones, incluso en el extranjero, gasolineras, camionetas de lujo, etcétera, que difícilmente podrían haber obtenido de manera lícita sólo con su sueldo.

Y es que, al hablar de la evolución patrimonial, me refiero a la congruencia que debe existir entre los ingresos y gastos de los servidores públicos y en quienes tienen una función gubernamental o de representación popular; es decir, con qué patrimonio ingresaron a la actividad pública, y con qué patrimonio dejan el cargo, aunque dicho sea de paso muchos de ellos nunca dejan los cargos pues se vuelven rémoras del sistema brincando de un cargo a otro sin pena ni gloria, pero eso sí, forrados de dinero sucio. Usted, caro lector, respetable lectora, seguramente conoce a alguno de estos nefastos personajes que empezaron sin un peso en la bolsa como funcionarios públicos o como representantes populares, y ahora hasta la forma de caminar cambiaron, pues el poder y el dinero los vuelve locos.

Y aquí vuelvo a insistir, basta con analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos y representantes populares para conocer los bienes –tanto muebles como inmuebles- que tenían previo a su labor pública, e identificar si sus ingresos corresponden con sus bienes, y la verdad nos vamos a sorprender de cómo, en unos cuantos meses, se hacen de propiedades que no se justifican con su ingreso público.

Hay, desde luego, políticos y servidores públicos que tienen antecedentes en la iniciativa privada o que son empresarios exitosos, cuyos ingresos son plenamente justificables para tener un tren de vida diferente al común denominador; pero no es a ellos a quienes me refiero en esta colaboración, sino a personajes que nunca en su vida fueron emprendedores ni echaron a andar un negocio lícito, y que luego de incursionar en las actividades públicas se vuelven traficantes de influencias, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días.

Esos hombres y mujeres, porque en la viña del señor de todo hay, son los más nocivos para la vida pública y democrática del país, ya que se acostumbran a hurtar el dinero que es de todos. Vaya como anécdota, el diálogo sostenido en una mesa contigua a la mía en un restaurante donde un ladronzuelo, de esos que abundan en todos los gobiernos, confesaba a su contertulio: “el problema fue cuando me chingué el primer millón porque me hice adicto al dinero; y después fui por dos y luego por tres millones más”.

Esa es, precisamente, la naturaleza infame y ruin de los corruptos y rateros que pululan en los tres órdenes de gobierno, y en los tres poderes públicos, muchos de los cuales se encuentran agazapados y sin figurar públicamente, pero que desde abajo trafican con plazas, con placas de taxi, y con contratos para beneficiar a empresas que son de papel, como quedó demostrado con las empresas “fantasma” durante el gobierno del siempre nefasto Javier Duarte de Ochoa.

Así que aplaudo en todo lo que vale, que las autoridades judiciales por fin se hayan decidido a actuar en contra de personajes de muy escasa valía, quienes apuradamente tenían para pagar la renta y una vez encumbrados en el poder por compadrazgo o complicidad con la autoridad estatal, se hicieron de riquezas que ni en sus sueños anhelaban tener. Ojalá verdaderamente los veamos tras las rejas y regresen cada peso que hurtaron al erario estos cínicos.

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