Sin acompañamiento miles de víctimas

Agencia SPI Veracruz

En México existen sólo 254 asesores jurídicos para proporcionar acompañamiento a miles de víctimas del país, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La organización expuso que la justicia mexicana tiene un gran reto en incrementar los porcentajes de asignación de asesores jurídicos, ya que solamente en el 29 por ciento de robos y el 30 por ciento de homicidios denunciados contaron con un acompañamiento jurídico.

“En México 6 de cada 10 casos, después de la denuncia, son remitidos al archivo temporal y esto hasta ahora, se ha traducido en una congeladora legal, donde los casos son enviados para esperar a su prescripción”, precisó.

Para el IMCO Si bien esta figura jurídica (archivo temporal) no es definitiva, su uso generalizado en las fiscalías disimula la ineficiencia de la labor de las mismas, el rezago de expedientes y la congestión en sede ministerial

Para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal y ganar terreno a la impunidad, e IMCO propone la realización de planes de investigación tendientes a priorizar la atención en delitos de alto impacto, a fin de favorecer el esclarecimiento de los hechos que más laceran el tejido social y el orden público.

Fijar estrategias de comunicación y coordinación entre las labores de la policía de investigación y los servicios periciales, para generar elementos probatorios sólidos y exhaustivos para el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Fortalecer las capacidades del ministerio público como coordinador de la actividad investigativa, con el fin de que cuente con las aptitudes para orientar el trabajo de policías de investigación y peritos, así como para conducir planes de trabajo basados en metas fijas a corto plazo.

Redirigir los esfuerzos de los operadores de justicia, procurando que enfoquen sus labores en actividades propias de su cargo y evitar que el tiempo de sus actividades sea invertido en tareas administrativas que retarden los resultados en las investigaciones.

Efectuar capacitación continua para los operadores del sistema y evaluar los impactos de la misma para identificar los conocimientos y competencias donde aún existen deficiencias, especialmente en temas de Derecho penal procesal y sustantivo, Derechos Humanos, litigación y coordinación de investigaciones.

Atender las demandas de los operadores del sistema penal, ya que son ellos quienes identifican las necesidades de infraestructura, capacitación, de recursos materiales y humanos, para la ejecución de sus facultades de manera adecuada.

Y, finalmente, reglamentar el uso del archivo temporal, restringiéndolo en delitos de alto impacto y limitándose a casos donde no existan diligencias que puedan aclarar el delito y la participación de quien lo cometió.

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