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Acuerdo Veracruz por la Democracia

Luis Alberto Romero

El Gobierno de Veracruz presentó este lunes el llamado “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, que busca, en teoría, garantizar la civilidad en el proceso local electoral.

El gobernador Cuitláhuac García dio a conocer que los objetivos de este acuerdo tienen que ver con la atención de las normas sanitarias ante la pandemia de Coronavirus, y “evitar que la delincuencia organizada intervenga en el proceso electoral”.

Básicamente, el citado acuerdo obliga al gobierno estatal a colaborar con los “organismos encargados del proceso electoral 2021”; esto es, con el OPLE; de igual manera, “procurar las condiciones de seguridad necesarias a todos los candidatos participantes en el proceso electoral”; y “no ejercer ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir violencia política, ni por razones de género, creencias, edad o raza”.

El Acuerdo Veracruz por la Democracia señala que “corresponderá a los partidos y asociaciones políticas vigilar la selección de candidatos, quienes deberán contar con probada honorabilidad y honradez; el objetivo es impedir que grupos fuera de la ley intervengan en el proceso electoral”; asimismo, indica que el Gobierno del Estado no podrá hacer uso de programas sociales ni recursos públicos para favorecer o perjudicar a los candidatos durante el proceso; “tampoco para coaccionar a los ciudadanos a votar en favor o en contra de cualquier partido o candidato”.

Además, el documento presentado por García Jiménez se compromete a que el gobierno estatal no difundirá propaganda gubernamental durante las campañas, con excepción de la relativa a salud, educación y protección civil.

El ejecutivo veracruzano dijo que no habrá más intervención desde el gobierno en beneficio de un partido político y de “terminar con el régimen antidemocrático y permitir que los ciudadanos se expresen libremente a través del voto en las próximas elecciones”.

Adelantó que a partir del próximo lunes, Eric Cisneros, secretario de Gobierno, convocará a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los partidos políticos, asociaciones religiosas y autoridades municipales para que se adhieran al mencionado acuerdo.

En realidad, el documento difundido no es más que un catálogo de buenas intenciones que sólo plantea un tema en esencia: el cumplimiento de la ley, porque todos planteamientos que incluye –con la única excepción de los relacionados con evitar contagios de Covid-19– están incorporados en las leyes vigentes; de tal manera que el acuerdo no presenta un solo punto que vaya más allá.

Por otro lado, queda la duda relacionada con el nivel de participación de los partidos opositores; es claro que Morena será la primera fuerza política en suscribir el documento y atender el llamado del gobernador; y lo mismo harán el Verde y el PT; por su parte, las fuerzas políticas de reciente creación, aliadas también del actual gobierno de la 4T, podrían formarse en esa fila; sin embargo, los grandes partidos opositores, PAN y PRI, difícilmente acudirán a ese llamado; y ni qué decir del PRD, que ha denunciado persecución política del gobierno estatal, tras la captura del ex dirigente estatal y aspirante a una curul en la Cámara Baja del Congreso, Rogelio Franco Castán. @luisromero85

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