#Opinión Las condenas internacionales contra México, responsabilidad judicial

José Lima Cobos *

Es cierto que las decisiones de los jueces, magistrados y ministros –federales y estatales-, que actúan en las controversias que se dirimen en el entrono del poder judicial, lo hacen con autonomía e independencia, -nadie se los impide para que esa sea su conducta-, pero sin ninguna responsabilidad o consecuencia en su contra, pues el contubernio que existe es ominoso, doloroso y ofensivo, y tan es así, que las cortes internacionales en materia de derechos humanos y garantías sociales, políticas y económicas, han obligado, en el caso del Estado mexicano, a tener que reconocer su responsabilidad el cúmulo de condenas, Lydia Cacho, Castañeda, Radilla, Atenco, Algodonera, etcétera, que nos deben llenar de vergüenza, si existiera dignidad.

El artículo 100 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos -similar su redacción a las constituciones estatales- que ha sufrido una serie de reformas y acomodos, que siempre han nacido o son promovidas desde adentro del poder judicial, de manera oportunista, ajeno a lo que se señala “la ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo” lo que no se ha cumplido, porque, por lo general, quienes han integrado al poder judicial federal y estatal, han obedecido a intereses personales de los gobernadores y presidentes de la republica, donde se ubican a compinches, de niveles por demás obscuros y deleznables, cuyos congresos los aprueban sin hacer la mínima observación, es decir, poco importa quien imparta la justicia, sino el contubernio desquiciante.

La mediana credibilidad en la justicia mexicana, apenas empieza a ver la luz al final del túnel, porque en el fondo es muy poco creíble y más ahora, en que, los gobiernos anteriores crearon organismos a modo y jueces de esa misma contextura, para proteger los intereses económicos de los grupos hegemónicos, donde los sobornos o cochupos, estuvieron a la orden del día, porque, al privatizar los bienes de la nación, se exigía diques o trabas para impedir que se produzcan cambios a favor de la sociedad en general, sino que se tiene que servir a quienes medran y esquilman a la sociedad, porque el “llamado pueblo” es un entelequia, que no debe tomarse en cuenta, porque, por encima de todos, están los negocios o el tráfico de influencias o las transas criminales y su correlato natural, la violencia descomunal del país.

Lo anterior no es casual, si se observa que el exministro de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, Medina Mora –su hermano es el presidente de la COPARMEX, mismo que aplaude los amparos contra la nueva ley de energía eléctrica- tuvo que salir huyendo ,- o quien sabe donde se esconda-  al descubrirse su involucramiento en negocios turbios  de gran magnitud y  estar señalado en los atentados de once  mujeres que fueron ultrajadas  en Atenco, cuya condena de la Corte Interamericana de Derechos humanos no ha sido cumplida, pero este gobierno de López Obrador- que no él el responsable- se le dejó escapar.

La historia del caso de Medina Mora es por demás elocuente e ignominioso y oportuno traer a colación, -para que no nos rasgamos las vestiduras, por aquello que la división de poderes-  por cuanto a la impartición de justicia que priva en nuestro país y el hecho de que el presidente López Obrador, presidente de los  Estados Unidos Mexicanos y responsable único de cumplir con las sentencias de sede internacional ,-que  no es la Corte mexicana-  se haya molestado con la suspensión concedida por un juez en contra  de la ley de energía eléctrica- que es de interés nacional y de orden público- y que haya puesto en duda esa conducta, porque, ya que es público y notorio que muchos de esos jueces, magistrados y ministros  provienen de las componendas del sistema  político  corrupto que se niega a morir y que sin duda representan un obstáculo para el cambio, pues la segunda sala de la suprema Corte y a propuesta del fugitivo ministro, aprobó una jurisprudencia, – que obliga a todos los jueces a respetar- para que no se puedan congelar las cuentas de cualquier bandido- político, empresario, juez, magistrado, ministro, trata de personas, narcotraficante o cualquier alimaña nacional o extranjera que adquiera recursos de manera ilícita, si no existe,  previamente  una solitud o petición de un estado extranjero, por lo mismo, no se puede tener confianza en un juez, si cuatro ministros: Pérez Daya, Jazmín Esquivel, Laynez y Franco, que perciben un sueldo de más de setecientos mil pesos mensuales y otros apoyos,  dictaron una jurisprudencia de esa magnitud, que deja en indefensión al  Estado mexicano para combatir la delincuencia organizada y de cuyo blanco,  qué se puede esperar de un juez de distrito que apenas perciben,  como ciento setenta mil pesos mensuales, para no caer en la tentación de servirle a Iberdrola, empresa española que tiene a su servicio a la exsecretaria de energía  y al expresidente Calderón, porque, como decía Obregón, “nadie aguanta un cañonazo de cincuenta mil pesos”.

Esta pequeña vivisección jurídica pone en evidencia que el indio no era arisco, lo que pasa que es tanto lo que ha pasado por este río, que no se cree ni en dios Benito, y si la cloaca ha sido abierta, tiene con continuar a fondo, sin prisas, pero sin pausas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

limacobos@hotmail.com

Twitter: @limacobos1

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