Insisten en vincular el crimen de Regina Martínez con su último trabajo periodístico sobre narcopolíticos en Veracruz

La investigación especial titulada “El asesinato de Regina Martínez, una oportunidad para la justicia”, resultado de A Safer World For The Truth –un proyecto colaborativo de Free Press Unlimited (FPI), Comittee to Protect Journalists (CPJ) y Reporters sans Frontières (RSF), organizaciones internacionales defensoras de periodistas–, documenta una serie de irregularidades en torno a la indagatoria oficial de este crimen ocurrido hace 9 años en Xalapa e insiste en vincular el homicidio de la extinta corresponsal de la revista Proceso con sus últimos trabajos periodísticos sobre la corrupción de altos funcionarios estatales y narco-políticos de Veracruz.

Diego Enrique Osorno, del diario Milenio, publicó este sábado que “la corrupción y narcopolítica eran dos temas habituales en la agenda de la periodista Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012 en el interior de su casa de Xalapa, Veracruz”.

Osorno refiere que luego de laborar como reportera en Televisión Rural Mexicana antes de mudarse a Chiapas –donde reporteó en diversos pueblos originarios con un enfoque social y humano, para luego volver a Xalapa y trabajar en el diario La Jornada, cubriendo por igual historias de cafeticultores de Coatepec que de la tala ilegal de los bosques del estado–, Regina, nativa del municipio de Rafael Lucio, se hizo cargo a partir del año 2000 de la corresponsalía de la revista Proceso en Veracruz, donde publicó 63 reportajes de largo aliento y cientos de notas breves antes de ser asesinada. “Fue en esta época que se volvió un referente del periodismo de denuncia”, remarcó el periodista del diario capitalino.

Y al hacer alusión a la investigación especial de su crimen en la que colaboraron las organizaciones Free Press Unlimited (FPI), Comittee to Protect Journalists (CPJ) y Reporters sans Frontières (RSF), cita lo siguiente: “Su trabajo –se explica en el informe–

fue fáctico y expositivo en lugar de colorido y literario. Donde otros medios de comunicación se apartaron, ella publicó valientemente múltiples informes de corrupción y violencia. En algunos casos sus reportajes en Proceso no tenían firma, como es costumbre en México cuando el material es especialmente delicado. En otros casos colaboró ​​con corresponsales nacionales de Proceso que iban de Ciudad de México, y usaba su firma al tiempo que incorporaba su propio material”.

Osorno señala que en este informe especial del caso Regina se resalta el contexto de violencia extrema protagonizado por Los Zetas y el CJNG que padecía Veracruz al momento del asesinato de la periodista, quien junto a diversos reporteros de Proceso denunció los vínculos entre funcionarios oficiales y esos grupos criminales.

Refiere que seis meses después del crimen de Regina, ante la enorme presión de la prensa nacional e internacional, la policía de Veracruz detuvo a un hombre llamado Jorge Antonio Hernández, a quien atribuyó el asesinato, pero que tras revisar los expedientes oficiales del caso y entrevistar a los testigos principales, el informe internacional desmonta esta versión oficial y abre nuevas pistas que deberían ser investigadas.

Destaca que, por ejemplo, se demuestra que la confesión del presunto autor del asesinato se realizó después de que recibió instrucciones específicas de lo que ésta debía contener, además de una sesión de tortura a lo largo de un mes.

Otra anomalía, dice, es la fiabilidad de la declaración de uno de los principales testigos oculares del crimen, Diego Hernández, quien falleció al poco tiempo de dar su testimonio, el cual presenta inconsistencias graves.

Y apunta que también se registran las amenazas recibidas en su momento por el reportero Jorge Carrasco, mientras indagaba el crimen de su compañera de Proceso. La situación se volvió tan grave para Carrasco –hoy director del semanario fundado por Julio Scherer García– que tuvo que ser puesto bajo la protección de la policía federal durante tres años.

Otra de las conclusiones del informe –indica Osorno– es que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debe asumir la titularidad de las investigaciones oficiales para analizar con detalle la relación entre el asesinato de Regina y sus trabajos periodísticos publicados.

“De acuerdo con el reporte, entre 2004 y 2010 Regina escribió docenas de historias que cuestionaban de manera seria al gobernador Fidel Herrera. Historias que iban desde la prepotencia de los guardaespaldas del mandatario hasta detalles de cómo el mandatario local desalojaba de manera ilegal una prisión para permitir que Mel Gibson filmara una película o revelar supuestos tratos entre el político y un empresario acusado de prostitución infantil”, reseña el periodista de Milenio.

“Pero el texto que se pide analizar de manera especial es el reportaje titulado ‘Dos regresos peligrosos’, enfocado en denunciar vínculos criminales de Reynaldo Escobar y José Alejandro Montano, ex fiscal y ex secretario de Seguridad, cuando buscaban ser diputados federales del PRI”, resalta Osorno, quien detalla que “aunque la historia fue firmada por Jenaro Villamil —actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión—, el informe explica que los funcionarios señalados pudieron haber creído que Regina estaba detrás de la información divulgada”, pues “el artículo afirmaba que Los Zetas habían ingresado a Veracruz con el apoyo de Escobar y daba cuenta de la abundancia de propiedades de Montano”.

Y apunta que otra arista clave que debe investigarse a nivel federal, según el informe “A Safer World For The Truth”, es la posible desaparición forzada del segundo sospechoso del crimen, un hombre llamado José Adrián Hernández, apodado “El Jarocho”.

Concluye señalando que el reporte de los organismos defensores de periodistas reconoce también al presidente Andrés Manuel López Obrador por su promesa pública de justicia en el caso de Regina y exhorta a la comunidad internacional a seguir supervisando la nueva investigación y a apoyarla con recursos y conocimientos para lograr justicia en uno de tantos casos de periodistas asesinados en México que prevalece bajo la sospecha de impunidad.

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