La suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica, pero qué necesidad…

Por Juan Manuel Herrera Sosa*

Como ya sabemos, el amparo existe para que nosotros -los ciudadanos- impugnemos y sometamos a un análisis constitucional las actuaciones de las autoridades que consideramos violan nuestros derechos, sean estas sentencias definitivas, actos concretos, omisiones o normas generales; el objetivo siempre: proteger y garantizar todos los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución, en ella y por ella.

El Poder Judicial de la Federación a través de los jueces, magistrados y ministros, son los que harán esa ponderación sobre la actuación reclamada (acto reclamado en sentido técnico) y de encontrarlos contrarios a la Constitución y/o a los tratados internacionales que ha suscrito México, anularán sus efectos, y en algunos casos, se restituirá el goce del derecho violado.

Ahora, el juicio de amparo, como todo proceso jurisdiccional, tiene una secuencia procedimental, los pasos que deben seguirse hasta llegar a una sentencia ejecutoriada, darle solución final al asunto y que la decisión que se tome se haga realidad; sin embargo, el juicio de amparo al ser un juicio de naturaleza especial por hacer ese control constitucional en contra de las autoridades, tiene algunas reglas y principios peculiares, como el referente a las suspensiones y a la relatividad de sus sentencias.

Respecto a la suspensión del acto reclamado, el juicio de amparo tiene la posibilidad de que el juzgador suspenda los efectos de lo que se está impugnando, es decir, que no se ejecute hasta que ese escrutinio constitucional haya finalizado y se determine en una sentencia definitiva, el objeto es conservar la materia del juicio; ésta suspensión tiene dos momentos, la provisional (al momento de la demanda) y la definitiva, después de una audiencia y después de recibir los primeros argumentos de la autoridad mediante un informe conocido como previo.

El otro aspecto a que me refiero es la famosa “fórmula Otero”, que consiste en que los efectos de las sentencias sólo serán para los que fueron parte del juicio (relativos), impidiendo que se hicieran declaraciones generales de la inconstitucionalidad del acto declarado inconstitucional y que se “amparara” a personas que no fueron parte del juicio.

Como todo en la vida, el juicio de amparo también ha ido evolucionando y la restricción a esas declaraciones generales fue eliminada de la Constitución en el 2011, instituyéndose las declaratorias generales de inconstitucionalidad, procedimientos para poder invalidar normas generales mediante amparo, pero con el conocimiento y bajo un procedimiento que realiza y resuelve la Suprema Corte.

Ahora, viene a colación todo lo anterior, porque desde hace unas semanas se encuentra en boga la ya famosa suspensión que un juzgador federal dio a los efectos de la suspensión respecto a la Ley de la Industria Eléctrica, con argumentos como la afectación a la libre concurrencia y competencia, derecho al ambiente limpio, desincentivos de producción energías limpias, entre otros, suspendiendo toda ejecución material de la ley. Aunque, desde mi punto de vista, el acuerdo tiene una argumentación impecable, tengo varias razones para considerar que no fue correcta esa determinación:

En primer lugar, porque aunque debe privilegiarse lo sustantivo por lo procesal, esto no significa que no se deban observar las generalidades del procedimiento, hay muchos criterios de tribunales internacionales y de la misma Corte al respecto, proteger un derecho no significa no observar las leyes procedimentales y si ella no me da la posibilidad de otorgar efectos generales (menos en casos de interés legítimo) por qué han de darse, de alguna forma esto atenta contra la seguridad jurídica, que por cierto también es otro derecho que todos tenemos, ser garantista no significa no seguir las reglas.

En segundo lugar, aunque la Ley de Amparo permite a los juzgadores que conocen de un juicio otorgar la suspensión contra normas generales, no es así que éstas se puedan dar con efectos generales; máxime cuando las declaratorias generales de inconstitucionalidad están reservadas sólo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único tribunal en nuestro país que tiene la potestad de hacer este tipo de declaraciones al ser el órgano terminal de todo el Poder Judicial de la Federación; incluso, mediante otros instrumentos de control constitucional con votaciones calificadas, porqué habría entonces de hacerlas un juez.

En tercer lugar, me parece muy aventurado, pues al ser la primera instancia de la maquinaria judicial federal la que otorgue una suspensión con efectos generales, no imagino el caos judicial que se haría si todos los jueces de distrito otorgaran suspensiones con efectos generales en los casos que consideren la norma como inconstitucional y sobre qué pasaría en criterios encontrados en el gran número de juzgadores que existe en México, vaya manera de complicar las cosas; desde mi punto de vista, se hace pedazos la uniformidad jurisdiccional y la política judicial que han costado años de evolución; tampoco se me escapa que el juez y otros especializados ya han dado efectos generales a las suspensiones y que el respectivo colegiado confirmó entonces, pero hay que puntualizar que fue sobre el acuerdo/decreto conocido como “Ley Nahle”, no sobre una ley, no hay pronunciamiento alguno al respecto (sin meternos al eterno debate del principio contramayoritario y las bases de la democracia de porqué 1 juez de distrito suspende lo determinado por 500 diputados y 128 senadores).

En cuarto lugar, aparte de aventurado, lo considero peligroso, es un precedente que nos juega en contra como ciudadanos cuyo único medio defensa legal ante la actuación arbitraria de autoridades es el juicio de amparo, pues ahora muchos celebran porque la ley es considerada por gran parte de la academia y del foro como inconstitucional (estoy convencido que algunos aspectos lo son), pero qué pasaría en el caso de otras leyes, por ejemplo si se expide una que permita interrumpir el embarazo y -ante una demanda- el juez la considera inconstitucional por la razón que sea y la suspende con efectos generales, lo que obtendremos será la suspensión de un derecho constitucionalmente reconocido por el tiempo que dure la solución del amparo (que por cierto no es poco); vayamos al extremo ante gobiernos y legislaturas que no entienden nada de derecho y legalidad, imaginar que se encuentren en entredicho el derecho de tránsito, de posesión, de propiedad, de expresión (incluyendo decirle a la autoridad que pienso mal de ella sin correr peligro), es una completa contravención del porqué del amparo y un retroceso de siglos.

Finalmente, por los efectos políticos que ha causado, el Poder Judicial de la Federación como señala el 94 de la Constitución y el 1 de su ley orgánica, tiene una composición y jerarquía, hubiese sido políticamente correcto que la declaración la hubiere hecho un órgano terminal como un tribunal colegiado, o la misma Corte (que seguro atraerá el caso); no siempre toda novedad lleva consigo un beneficio, a veces se patea el avispero incorrecto y las consecuencias tienen une repercusión más profundas y trascendentes, ahí están los embates al poder judicial (algunos justificados), qué necesidad…

Desde mi punto de vista, no tiene ninguna valentía enfrentar un ejército con una resortera si al final no se logrará en concreto nada; por la importancia y trascendencia creo que la revisión de la suspensión y el fondo del amparo lo resolverá la Suprema Corte y ya se sabe los vientos que por esos lugares corren.

En resumen, considero que es justo y necesario dejar descansar a Don Mariano Otero (padre a la relatividad en el amparo) que ya tiene más de un siglo de muerto, y pasar a fórmulas más novedosas con el objeto de que la injusticia salvada para uno no se cometa para otros, por cierto charlas interminables con mi gran amigo, profesor y director de tesis de licenciatura donde traté el tema; sin embargo, considero que hay formas, y esas formas, también son un derecho constitucional, las formas también son fondo.

Desde luego es tema muy discutible y no dejo de tener en mente la frase que me dijo un amigo admirado litigante de la Ciudad de México: “el amparo es para todos”, tiene razón, pero las reglas también, lo que ahora celebro, algún día me puede jugar en contra, y ahí sí, afectarme derechos que sufra y resienta más, por triunfos pírricos puedo poner en entredicho algo verdadero. Ojalá se discuta el tema mucho más.

*Abogado, exasesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor de amparo.

Twt: manuelherrera27

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