Verificentros con 36 amparos

Fotografía de Verificentro Sumidero

Agencia SPI Veracruz

En Veracruz ya son 36 concesionarios de centros de verificación que han logrado amparos provisionales para obligar a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) a venderles hologramas para realizar la verificación vehicular que desde hace más de mes y medio se mantiene suspendida en estas empresas por la falta de venta.

El vocero de los concesionarios de Centros de Verificación, Eduardo Mario Cásares Sort de Sanz, indicó que una vez que el juez notifique a la Sedema sobre este amparo que dicta la suspensión provisional contra el decreto que otorga a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para operar este programa, la dependencia tendrá 48 horas para iniciar con la venta de hologramas.

“Llevamos 36 amparos, los jueces federales nos han dado la suspensión provisional del decreto y de los lineamientos que la Sefiplan emitió, con ello Sedema les tiene que seguir vendiendo los hologramas, a partir de que la Sedema sea notificada tendrá 48 horas para vender los hologramas y si se negara los jueces tendrán que imponer multas y castigos”, indicó.

Recordó que con el decreto son mas de 200 concesionarios los que se han visto afectados, pues cada uno podría comprar hasta 250 certificados de verificación por semana, lo cual no se ha estado haciendo.

El vocero dijo que entregaron un oficio para solicitar una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a fin de exponerles las razones por las que se oponen a convertirse en proveedores del Gobierno del estado.

“Tenemos mes y medio sin poder trabajar, son más de 200 concesionarios los que estamos sin trabajo y mil 500 familias. La intención de la plática con el Gobernador es explicarle por qué nos negamos a este cambio”.

Explicó que aunque el mandatario ha señalado de manera insistente que la reforma permite identificar los hologramas que son entregados a cada concesionarios para poder detectar actos de corrupción, esto ya se hace desde que inició el programa.

“Desde el año 2000 el Gobierno sabe a quién le vende los certificados, yo creo que no le están dando la información correcta al Gobernador y es parte de lo que queremos platicar con él, porque en el régimen jurídico de la concesión señalan que el Estado no puede tomar decisiones de forma unilateral porque es un contrato entre ambas partes”.

Cáares Sort de Sanz indicó que los concesionarios de estos centros no han podido transitar a la prueba dinámica pero recordó al Gobernador que la concesión que les fue entregada es por 50 años y que esto no se puede cancelar.

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