Aprueba TEPJF criterios para la veda electoral; revoca sanciones a concesionarios de radio y TV

Fotografía ESM, Archivo 349023

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó este miércoles una serie de criterios para que concesionarios y servidores públicos respeten los artículos 41 y 134 de la Constitución, preserven la neutralidad e imparcialidad y se abstengan de difundir propaganda gubernamental en periodos de campaña, de reflexión y jornada electoral.

Lo anterior se aprobó a partir de la propuesta de sentencia del magistrado Felipe Fuentes por la que se revocó una sanción a concesionarios de radio y televisión, al Canal 11 y otros canales públicos por transmitir en 2019 parcial o íntegramente las conferencias matutinas del Presidente de la República en estados donde se realizaban elecciones.

Los concesionarios habían sido multados con 253 mil 470 pesos. En el caso del Canal 11 se solicitó revisar la sanción tomando en cuenta la capacidad económica de la televisora del Estado que actualmente dirige Carlos Brito Lavalle, nieto del político veracruzano Carlos Brito Gómez, ex alcalde de Coatzacoalcos, ex líder del Congreso local, ex subsecretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRI.

Los criterios establecidos y aprobados establecen que en todo momento concesionarios y funcionarios públicos deben evitar difundir propaganda gubernamental en periodos prohibidos, asumiendo las responsabilidades de que esto se incumpla.

En relación con las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se especifica que los concesionarios tienen garantizada la libertad del ejercicio de su actividad periodística, y no están obligados a transmitirlas parcial o totalmente.

Se les recuerda la obligación de cumplir con la transmisión de la pauta oficial como la manda el Instituto Nacional Electoral (INE), y también les reiteran la prohibición de difundir materiales en donde se difundan imágenes, voz o acciones que impliquen promoción personalizada de los funcionarios, o difusión de acciones o logros de gobierno, por representar propaganda gubernamental prohibida en campañas electorales.

Los criterios aprobados establecen, entre otros puntos, la prohibición de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, de difundir obras, acciones o logros de gobierno, así como promoción personalizada de funcionarios.

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