México pudo evitar unas 190 mil muertes asociadas al COVID: Estudio

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  • Consideran a nuestro país entre los de peor desempeño a nivel internacional en el manejo de la crisis.
  • Evaluación dice que la respuesta fue “retardada, indecisa y falta de coordinación” y hubo comunicación “inadecuada y engañosa”.
  • Advierten expertos sobre politización de vacunas.

Miguel Valera

De acuerdo con un informe encargado por el Panel Independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Instituto para las Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) si México hubiera tenido un desempeño promedio en el manejo la pandemia, comparado con otros países, se habrían evitado alrededor de 190 mil muertes por todas las causas en 2020 y eso que esta cifra no considera el pico de muertes observado en enero de 2021.

El dato, fue obtenido del exceso de mortalidad que sufrió el país,  que ocupa el cuarto lugar mundial con aproximadamente un 43% más de fallecimientos de lo que se hubiesen esperado, cifra que se encuentra muy por encima del promedio de los países incluidos en la muestra (todos los países con más de 3 millones de habitantes y datos completos de mortalidad de los últimos tres años) que es del 17.3%.

El estudio Respuesta de México al COVID-19: Un caso de estudio (Mexico’s Response to COVID-19: A Case Study) considera que otras métricas demuestran el severo impacto de la enfermedad en el país y lo sitúan entre los de peor desempeño a nivel internacional, como los números comparativamente altos de casos notificados y muertes, después de considerar las diferencias en el tamaño de la población y los niveles de prueba; grandes desigualdades en la carga de morbilidad entre grupos sociales y regiones y tasas de infección y mortalidad muy elevadas entre el personal sanitario.

“Los datos muestran que México fracasó en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables. El país tiene una de las tasas más altas de casos y muertes por COVID-19 a pesar de ocupar el último lugar en las pruebas. Estas pruebas tan bajas implican que el infradiagnóstico y el recuento insuficiente de las muertes por COVID-19 es muy sustancial”.

Además, una encuesta de seroprevalencia apunta a fallas en la vigilancia epidemiológica y el control de pandemias. Un número excepcionalmente elevado de infecciones no se detecta (aproximadamente 1 de cada 30), exponen.

Por su parte, considera que las proyecciones del gobierno sobre el curso de la pandemia y las expectativas sobre las probables consecuencias de la emergencia fueron demasiado optimistas, infundadas y condujeron a una planificación deficiente. “A fines de febrero de 2021, el número de muertes confirmadas por COVID-19 en el peor escenario del gobierno (el llamado escenario catastrófico) se superó en un factor de 3”.

El informe refiere que la transmisión viral incontrolada en un contexto de alta prevalencia de enfermedades crónicas y sin medidas económicas para apoyar las intervenciones de salud pública ha contribuido a altas tasas de mortalidad incluso entre la población no anciana. “El 50.6% de todas las muertes se han producido entre la población menor de 65 años, en comparación con el 18.7% en los Estados Unidos, un país vecino fuertemente afectado por la pandemia”.

Los expertos también consideran que “la Ciudad de México ha contribuido de manera desproporcionada a la mortalidad”, particularmente por el incumplimiento por parte de las propias autoridades de los lineamientos establecidos en el sistema de alerta epidemiológica del país, el cual favoreció a una mortalidad muy alta en diciembre de 2020 y enero de 2021.

“La evidencia disponible apunta a una alta proporción de muertes extrahospitalarias (alrededor del 58%), grandes desigualdades en el acceso a las pruebas y la atención médica, una gran variación en la calidad de la atención y una carga de enfermedad muy desigual entre las regiones y los grupos sociales”.

“La fragmentación del sistema de salud de México ha reproducido inequidades durante la pandemia. En promedio, el 20% de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en el sector privado (por lo general, ciudadanos más ricos) han muerto, una proporción considerablemente menor que en los sistemas de salud pública con menos personal y menos aprovisionados”.

A su vez, explican, las tasas de mortalidad hospitalaria también varían considerablemente entre (y dentro) de los subsistemas de salud pública. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha mantenido la tasa de letalidad hospitalaria más alta durante la pandemia, alrededor del 50% o más, frente al 38% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 37% en los Servicios de Salud.

El informe también refiere que los casos y las muertes se han concentrado de manera desproporcionada en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica, especialmente en las zonas urbanas. “Entre los casos confirmados de COVID-19, la proporción de muertes tiende a aumentar con el nivel de marginación del municipio donde vive el paciente”.

“La calidad desigual de la atención ha sido un factor importante para explicar los resultados de la enfermedad en México. Con base en los datos disponibles y las entrevistas realizadas por el equipo de investigación, factores como viejas infraestructuras, altos volúmenes de pacientes, falta de personal suficiente (incluso cuando aumentó el número de camas o ventiladores), escasez de medicamentos, capacitación inadecuada y criterios restrictivos para el hospital. El ingreso ha contribuido a tasas de mortalidad muy altas. Los trabajadores de la salud de primera línea se enfrentaron a una crisis sanitaria extrema en condiciones muy desfavorables”.

“También han influido las barreras a la hospitalización y los retrasos en la atención. Durante toda la emergencia, el gobierno priorizó la disponibilidad de camas hospitalarias como una señal de que la pandemia estaba bajo control. En todo el sistema de salud, esto creó presiones para no admitir pacientes hasta que los síntomas graves ya estuvieran presentes. Los mensajes a la población también enfatizaron que la enfermedad no sería diferente de una gripe para la gran mayoría y que los pacientes deben evitar imponer demandas innecesarias al sistema de salud, para dejar espacio para quienes más lo necesitan. Por lo tanto, muchos pacientes ya estaban gravemente enfermos cuando ingresaron en una cama de hospital”.

En ese sentido, señala que, según el conjunto de datos epidemiológicos oficiales, el 10% de los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 fallecieron sin acceso a la hospitalización al 28 de febrero de 2021, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que para agosto de 2020, alrededor del 58% de las muertes por COVID-19 se habían producido fuera del hospital.

Por su parte, indica, México registra un número especialmente alto de muertes de trabajadores de la salud Los datos proporcionados por la Secretaría de Salud en ese sentido indican que 224 mil 898 empleados en este sector en el país han dado positivo por COVID-19, una cifra que representa el 23% del total de la fuerza laboral del sector salud, mientras que un informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2020 encontró que México tenía el número de muertes en entre los trabajadores de la salud del continente. “Los empleados de las funerarias en todo México también se han infectado de manera desproporcionada con el virus, ya que los crematorios y las funerarias se vieron desbordados durante la pandemia”.

Al analizar el liderazgo y la gobernanza durante las pandemia en el país, los autores señalan: “Encontramos deficiencias importantes en los procedimientos de toma de decisiones que llevaron a fallas en la evaluación de riesgos, el diseño de políticas y la adaptación de políticas a medida que las circunstancias de la pandemia cambiaron, las suposiciones iniciales se invalidaron y las estrategias adoptadas resultaron infructuosas”.

Consideran que las decisiones clave sobre cómo enfrentar la crisis de salud se basaron en supuestos injustificados, sin una evaluación y juicio suficientes de los riesgos que entrañaban dichos supuestos, al tiempo que se emprendía una “acción retardada, indecisa y falta de coordinación”.

“Las políticas defectuosas se volvieron resistentes al cambio a medida que surgieron tendencias de pensamiento grupal entre los funcionarios investidos con autoridad discrecional sobre el manejo de la pandemia. Cuando sus suposiciones y decisiones iniciales resultaron costosas, los funcionarios adquirieron mucho interés en evitar la culpa y jugar el “juego de la culpa” político-burocrático para la autopreservación.

Además, la política de salud pública no logró incorporar nuevos conocimientos sobre el virus y se divorció de la evidencia científica, especialmente con respecto a las medidas de control de la infección, y se marginaron a los organismos científicos y universidades, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en varios aspectos de la respuesta pandémica, con la excepción parcial de la reconversión hospitalaria y prestación de servicios de salud.

Los expertos de la UCSF señalan que la comunicación de las autoridades nacionales durante la pandemia de COVID-19 en México ha sido “inadecuada y engañosa en aspectos importantes relacionados con el riesgo y las estrategias de afrontamiento”, con consecuencias nocivas.

A pesar de mantener un flujo constante de información, puntualizan, “las fallas sistemáticas en el mensaje del gobierno federal y el juicio fallido por parte de los principales líderes políticos, reflejados en su comunicación verbal y no verbal al público, han contribuido al impacto devastador de la pandemia”.

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