Denuncian irregularidades y corrupción en el juicio político contra la magistrada Sofía Martínez Huerta

En un hecho sin precedente en la historia del Poder Judicial de Veracruz, este viernes, por unanimidad, los ocho integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado determinaron destituir e inhabilitar por cinco años a la magistrada Sofía Martínez Huerta, ex presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura.

El proceso que se implementó como parte del Juicio Político que se inició contra Martínez Huerta estuvo viciado de origen, según denunciaron los abogados de Martínez Huerta, quien entre octubre y diciembre de 2019, con el apoyo político de Palacio de Gobierno y del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, fue nombrada magistrada y luego fue electa por sus pares como titular del Poder Judicial del Estado.

Y es que en la sesión que inició a las 11 de la mañana de este viernes 16, y que se prolongó por más cinco horas y media, no se presentaron a comparecer los integrantes de la Comisión Instructora de la LXV Legislatura, debido a que dos de los tres integrantes habían solicitado licencia para separarse temporalmente de sus cargos con motivo del proceso electoral.

Para subsanar la inasistencia, la magistrada presidenta del TSJE, Isabel Inés Romero, dio lectura a un escrito de la representante legal del Congreso, a pesar de no tener personalidad jurídica para suplir a los diputados locales.

La Comisión Instructora estaba integrada por los diputados Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y la diputada Jessica Ramírez Cisneros, ambos de Morena, que pidieron licencia a partir del pasado primero de abril para contender por las alcaldías de Fortín y Minatitlán, respectivamente. En su lugar debieron rendir protesta sus suplentes Oscar Lara y Viridiana Becerra Estudillo, sin embargo, desde el pasado 31 de marzo el Congreso local no ha sesionado, lo que es una violación al reglamento interno ya que está obligado a sesionar dos veces al mes.

El juicio político contra la magistrada Martínez Huerta inició en noviembre del año pasado, a raíz de una denuncia que presentó en su contra el juez José Clemente Zorrilla, por haber sido removido del Juzgado a su cargo.

El 9 de marzo el Pleno de la LXV Legislatura local consideró procedente el juicio político, por lo que propuso la revocación del nombramiento de magistrada que le dio el Congreso del Estado en octubre del 2019, y además, al sancionarla por usurpar funciones, determinó inhabilitarla por cinco años para volver a ocupar cargos públicos en el estado.

A finales del año antepasado, Sofía Martínez obtuvo la magistratura y luego la presidencia del TSJE gracias a su cercanía con el secretario de gobierno, Erick Cisneros, con quien después tuvo severos roces que le costaron su destitución.

En las redes sociales, el tema de la destitución e inhabilitación de Martínez Huerta generó una serie de comentarios.

Una lectora que se identificó como Eloína Viveros, por ejemplo, insertó el siguiente comentario en el portal de la Agencia Proceso (Apro), que la tarde de este viernes publicó la nota sobre el juicio político a la exmagistrada presidenta del TSJE.

“Ella no tenía cercanía con Eric Cisneros, necesitaban un chivo expiatorio como lo es ahora la magistrada Isabel (Inés Romero), alguien que firmara sin dudar los $17,000,000 (17 millones de pesos) mensuales que pactó Edel Álvarez en su administración con el aval del Congreso del Estado y por orden del Ejecutivo, en ése entonces (Miguel Ángel) Yunes Linares quien aseguró el negocio de la construcción de ciudades judiciales para sus amigos, la familia Ruiz Anitúa, quienes figuran en los Panamá papers a través de los Nachón. La magistrada Sofía al llegar, se encontró con una serie de irregularidades en ése ‘negocio’ por lo que ordenó auditorías y se negó a pagar a los contratistas de ciudades judiciales, pues hay edificios de ciudades judiciales construidos en terrenos que ni siquiera pertenecen el poder judicial, entre otras muchas anomalías.

“El problema detrás de todo esto, es el flujo del dinero y toda la red de corrupción detrás de eso (sic), el gobernador y Eric Cisneros protegen a Edel, pactaron con él y la instrucción para la magistrada fue ‘no habrá cacería de brujas’, pero la magistrada Sofía no lo entendió así y quiso poner orden a un sistema podrido en un estado en el que no hay división de poderes.

“El juicio político que legalmente era improcedente, fue promovido por un juez amigo de Edel quién (sic) no sé (sic) presentó a laborar ¡¡por un mes!!, la magistrada lo sustituyó en una audiencia para que no fuera liberado un secuestrador, ese juez Clemente Zorrilla, tiene antecedentes de proteger a un violador y a un defraudador, pero jamás fue destituido como alegó y no tuvo una sola prueba de lo que argumentaba. Con todo ello, no les alcanzaban los votos en el Congreso para votar a favor del juicio político, les ofrecieron $2MDP a cada diputado y pospusieron la votación para tener tiempo a comprar los votos.

“Lo que está pasando en Veracruz, en donde el Judicial ha sido secuestrado por el Ejecutivo y sus amigos, en el que el Congreso es comprado y se echa encima de una persona toda la maquinaria de Estado, es muy muy grave, pues fue la única mujer honesta que no se alineó a la corrupción y esto es un ejemplo de lo sucio que actúa el gobierno de Veracruz y Morena y de que siguen protegiendo la corrupción para repartirse el botín. Veracruz se encuentra en la antesala de un Estado fallido, en donde abrieron la puerta a la criminalidad que permea a todos niveles, comenzando por el gobierno, pues amenazaron y amedrentaron a la magistrada y a otros ‘oponentes’. La situación, es más grave que una ‘inhabilitación’ es una muestra de poder y de que no hay ley ni justicia por encima del abuso de poder y que ellos van a perseguir a una persona que no se alinea, hasta las últimas consecuencias.”

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