Decidirá SCJN carácter obligatorio de acciones urgentes por violaciones graves de derechos humanos; citan caso de 9 desaparecidos en Veracruz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por decidir, en los próximos días,  si las llamadas “acciones urgentes” emitidas por organismos internacionales en casos de violaciones graves de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, lo cual podría sentar un precedente importante en episodios similares.

Y es que la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos afirmó que aunque México ha firmado diversos tratados, desobedece los exhortos que se le dirigen para que los cumpla, especialmente en el tema de desaparición forzada.

El máximo tribunal de justicia del país deberá pronunciarse sobre la obligatoriedad de las acciones urgentes, mecanismo humanitario establecido en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, “de la cual México es parte, y que contribuye a que los estados emprendan acciones inmediatas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas”.

Los exhortos son emitidos por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya competencia fue recientemente reconocida por México para recibir casos individuales.

En caso de ser favorable para la víctima, “la decisión de la Suprema Corte de Justicia sentaría un precedente importante en México y el mundo, ya que hasta ahora ninguna otra instancia de esta naturaleza se ha pronunciado sobre el tema y generaría jurisprudencia que familiares de víctimas de otros países podrían movilizar”.

Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos ha promovido la emisión de acciones urgentes en diversos casos, entre ellos el de la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz, donde fueron desaparecidas al menos nueve personas en diciembre de 2013, en un operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Marina.

En éste y otros episodios similares, el Estado se ha negado a cumplir las acciones urgentes de búsqueda, por estimar que no son figuras legales de cumplimiento obligatorio.

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