Amaga gobierno con cancelar gasoducto de Tuxpan;inversión mexicana-canadiense es de 2 mil 600 mdd

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El gobierno federal amaga con revo­car el título de autorización que permite al consorcio Ienova-TC Energy aprovechar una franja de 689 kilómetros de zona marítima federal para la operación del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, uno de los más importantes del país.

Según publicó este lunes el diario REFORMA, la Secretaría de Comu­nicaciones y Transportes (SCT) notificó a las empresas que “no es factible continuar otorgándole dicha autoriza­ción, hasta en tanto acredite el debido cumplimiento de condiciones del título” origi­nalmente expedido en 2017, vigente hasta mayo de 2022.

De acuerdo con la versión del diario capitalino, una de las condiciones que supuestamente ha in­cumplido el consorcio In­fraestructura Marina del Gol­fo (IMG) es entregar en garantía un monto equivalente a un año de la contrapresta­ción que debe pagar al Gobierno, garantía que debe ac­tualizarse anualmente.

Según la SCT, la contra­prestación equivale a 7.5 por ciento sobre el valor del bien autorizado, es decir, las áreas de agua ocupadas.

REFORMA refiere que el pasado 18 de marzo, IMG, operadora del ducto, acusó a la SCT de pretender revocar “de forma sumarísima” el título de autorización.

El título permite a IMG utilizar 8.2 millones de me­tros cuadrados de zona ma­rítima para el ducto de 42 pulgadas, que en septiembre de 2019 empezó a importar gas natural desde Texas hacia puntos de recepción en Altamira, Tamaulipas, y Tuxpan, Veracruz.

Asociadas en IMG, la mexicana Ienova y la cana­diense TC Energy invirtieron más de 2 mil 600 millones de dólares para construir el gasoducto, y en 2019 aceptaron modificar el esquema tarifa­rio del contrato original con la Comisión Federal de Elec­tricidad (CFE), por exigencia de su actual director, Manuel Bartlett Díaz.

Según datos de la Secretaría de Energía, a febrero de este año Méxi­co importó 5 mil 686 millo­nes de pies cúbicos diarios de gas de Estados Unidos, de los cuales solo por este gasoduc­to pasan hasta mil 500 millo­nes de pies cúbicos, un 26 por ciento del total.

El oficio emitido por la Dirección General de Puer­tos de la SCT –afirmó IMG en un amparo solicitado– re­percute en una falta de ob­servancia de los principios de legalidad, por ausencia de motivación, seguridad ju­rídica y certeza jurídica en violación a la Constitución y la Convención .Americana so­bre Derechos Humanos.

El gasoducto fue adju­dicado al consorcio en 2016 tras la licitación realizada por la Comisión Federal de Elec­tricidad (CFE) con vigencia de 25 años.

En 2019, a exigencia de la CFE, el consorcio renego­ció los términos del contra­to para nivelar las tarifas de transporte en el tiempo de vi­ da del contrato, y extenderlo por otros 10 años.

Como parte de la nego­ciación, se acordó que la CFE pagaría un renta fija en lu­ gar de rentas crecientes, con lo que se dijo que se ten­drían ahorros en las tarifas de transporte de gas de en­tre 33 y 38 por ciento con los nuevos contratos.

Consultados por el diario REFORMA sobre este asunto, ni la SCT ni TC Ener­gy quisieron opinar sobre el tema.

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