Para la Corte IDH hubo errores graves del Estado mexicano al sostener que la abogada veracruzana Digna Ochoa se “suicidó”

En la primera audiencia pública celebrada este lunes 26, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuestionaron al ex agente del Ministerio Público, José Antonio Pérez Bravo, sobre la hipótesis de suicidio que determinó el Estado mexicano sobre el caso de la defensora Digna Ochoa, una abogada nativa de Misantla, Veracruz, que fue hallada sin vida hace 20 años en su despacho jurídico de la Ciudad de México.

En 2001, la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal concluyó que la activista se suicidó, pese a que en su cuerpo fueron localizados dos impactos de bala, uno en su pierna y otro en la cabeza, así como uno más en el agujero en un sillón.

Durante esta audiencia pública sobre el “Caso Familiares de Digna Ochoa y Plácido”, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni cuestionó a Pérez Bravo: “Cómo explica el suicidio con tres disparos?”, a lo que el ex agente respondió: “De acuerdo con las pruebas periciales que fueron desahogadas, la explicación que se nos proporcionó fue que Digna Ochoa accionó el arma en el sillón como una prueba de sonido, para ver si se acercaba alguna persona; en segundo momento disparó en la pierna y en un tercer momento en el cráneo”.

Por su parte, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño quien participó como representante de la Corte IDH, previamente indicó que “a casi 10 años de la investigación y después de diversos recursos interpuestos, la investigación fiscal concluyó en el no ejercicio de la acción penal, considerando que no existían elementos para investigar lo ocurrido como un homicidio”, explicó Arosemena.

El Estado mexicano “incurrió en responsabilidad al no haber cumplido debida diligencia ni investigar los hechos en un plazo razonable” y en efecto, hubo “falencias graves al sostener la versión de un suicidio y no la de un homicidio”agregó.

De acuerdo con la Corte IDH, en su análisis jurídico, se argumentó la existencia de una serie de irregularidades en la investigación con respecto al deber de imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la investigación, el cual determinó que la muerte de Ochoa y Plácido fue un suicidio.

Asimismo, se alegó la presunta obstaculización de la participación de los familiares de la abogada veracruzana en las investigaciones. En virtud de ello, se adujo que el Estado habría incurrido en la violación de los artículos 8.1 y 25.1 en relación con el 1.1, así como el 5.1 de la Convención Americana.

Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la extinta defensora, también participó en la audiencia y solicitó reabrir el caso y darle oportunidad de presentar las nuevas pruebas, que se castiguen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Digna.

Asimismo, solicitó que se castigue a quienes “inventaron la hipótesis de suicidio, me refiero a los responsables de la investigación (…) No se suicidió, a Digna la mataron ruin y cobardemente. Ensuciaron su nombre”, afirmó.

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