Mujeres víctimas de abuso policiaco en Atenco siguen exigiendo justicia; Yunes Linares, implicado

Fotografía https://centroprodh.org.mx/

De nueve medidas dictadas hace más de dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Atenco –en el que fue implicado el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal, Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador panista de Veracruz–, el Gobierno de México no ha acatado siete, reprocharon este domingo las víctimas y sus abogados defensores del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh).

Las denunciantes señalaron que, en particular, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a crear un observatorio independiente de monitoreo de uso de la fuerza, con el argumento que sus instituciones de seguridad ya cuentan con órganos internos de control.

En conferencia de prensa, Sofía de Robino, abogada del Prodh, explicó que otra de las medidas incumplidas es el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres.

Mientras que Melissa Zamora, también abogada del Prodh, reclamó que a más de 15 años de ocurridos los hechos, la Fiscalía del Estado de México sigue sin remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) el expediente de su investigación.

“La investigación continúa en impunidad, siendo que hasta el día de hoy no existe ninguna sentencia condenatoria que haga responsable a ningún tipo de autoridad, ni del fuego local ni federal de los actos de tortura contra las mujeres”, recriminó.

“Podemos afirmar que estamos ante un Estado que ha incumplido las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana”, remarcó.

Las medidas dictadas por la CoIDH en cuanto a la atención a la salud de las víctimas, tampoco se han acatado.

Ante esta situación, las víctimas se mostraron frustradas ante la falta de avances en su caso.

“Tenemos las peores noticias, hemos recurrido a la exigencia de justicia, verdad y de no repetición con cuatro Gobiernos distintos, esos cuatro Gobiernos son un solo Estado mexicano, y los cuatro Gobiernos nos han llevado al límite de la injusticia”, dijo Italia Méndez, una de las víctimas de tortura sexual.

“Eso nos llena de frustración y de dolor, pero también, reconociendo la fuerza del colectivo, decirle al Estado mexicano que aquí seguimos y la exigencia es la misma que hace 15 años, queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia, lo dijimos hace 15 años y lo decimos actualmente, no vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos”.

OBSTRUYEN JUSTICIA, ACUSAN

Desde septiembre del año anterior, las víctimas han venido presionando para que se les haga justicia, pues señalaron que pese a una sentencia internacional y la atracción de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía del Estado de México ha obstaculizado la investigación del caso Atenco, denunciaron mujeres víctimas de tortura sexual.

Dos de las 11 víctimas del operativo policiaco en 2006, en compañía de integrantes del Centro de Derechos Humanos Prodh, afirmaron hace casi diez meses que la Fiscalía estatal ha ignorado la petición de entregar el expediente original al fuero federal, por lo cual recurrieron a un amparo.

Stephanie Brewer, del área internacional del Centro Prodh, explicó que la Fiscalía mexiquense negó el envío a la FGR desde septiembre de 2019 hasta marzo de este año, asegurando que esa instancia no tenía competencia.

Además de afirmar que el operativo en el que participaron policías federales, municipales y estatales no fue planeado y realizado de manera conjunta, sino por separado, por lo cual los delitos también así lo fueron.

“Con esa negativa, que significa otra demora para poder consolidar la investigación, las mujeres se han visto en la necesidad de presentar un amparo en contra de la Fiscalía local, lo cual es un hecho lamentable”, expresó.

“Contando con sentencia internacional, con directrices claras, otra vez después de ganar su caso internacional, las mujeres tengan que presentar un amparo contra Fiscalía por obstaculizar la investigación”.

La abogada de Prodh, Melissa Zamora, dijo que este recurso legal es el más viable para que la autoridad ministerial sea obligada a entregar la información, tras su negativa de ocho meses.

“El llamado que hacemos hoy está dirigido particularmente al Juzgado Séptimo de Amparos y Juicios Federales, que tiene la capacidad de resolver este caso, y además, digamos que en este juicio de amparo se puede generar un antecedente que hasta el día de hoy no está claro, si en efecto, esta negativa que mostró la Fiscalía del Estado de México es legalmente válida”, explicó.

“Nosotros sostenemos en el amparo que no es así, una vez que se atrae la investigación por parte de la Federación, no existe ningún recurso o posibilidad de que la Fiscalía se quiera negar a entregar la totalidad del expediente, por eso es la trascendencia también de lo que está por resolver”.

La abogada Zamora añadió que en caso de obtener el amparo, es probable que la Fiscalía estatal emita un recurso de revisión, o al revés, si el juez niega el amparo, ellas lo soliciten.

“En el sentido de que se resuelva, dándolo o negándose, el recurso de revisión se procedería a Suprema Corte, el llamado que hoy hacemos a todo el Poder Judicial conjunto para resolverlo con apego a estándares internacionales en materia de Derechos Humanos”, solicitó.

En aquella ocasión, Norma Jiménez, sobreviviente de la tortura de hace 15 años, expresó que ha habido momentos en los que esta falta de justicia la han hecho pensar en desistir de su denuncia, pero después recapacita al ver otros casos de violaciones graves en el país.

El 21 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos contra estas 11 mujeres en Atenco, Estado de México.

Este órgano judicial encontró que las mujeres sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, además de falta de acceso a la justicia.

Además de Norma Jiménez, otras mujeres que la Corte reconoció como víctimas son Yolanda Muñoz Diosdada, Patricia Romero Hernández y Mariana Selvas Gómez.

Así como Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.

SIGUEN INSISTIENDO

Posteriormente, a finales de noviembre de 2020, un juez federal ordenó a la Fiscalía del Estado de México enviar el expediente del caso Atenco a la Fiscalía General de la República (FGR), para que ahí continúe la investigación por el operativo realizado en mayo de 2006, cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado.

En su camino de búsqueda de justicia, 11 mujeres que fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos estatales y federales, recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en diciembre de 2018 determinó la culpabilidad del Estado mexicano.

Derivado de la sentencia de la CoIDH, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contras las Mujeres y Trata de Personas de la FGR (Fevimtra) atrajo la investigación, por lo que pidió el expediente a la Fiscalía mexiquense.

Sin embargo, la dependencia estatal se negó a entregar la investigación a la federación, por lo que las víctimas interpusieron un amparo.

El 25 de noviembre del año pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios federales, con sede en Toluca, otorgó el amparo a las mujeres víctimas de tortura sexual y ordenó a la Fiscalía del Edomex revocar su negativa.

“Es vergonzoso el actuar de la Fiscalía General del Estado de México, que tengamos que litigar esta parte para comenzar a dibujar un proceso de justicia, es indignante, es aberrante el actuar de la Fiscalía”, afirmó entonces Italia Méndez, una de las víctimas.

“En los hechos concretos es seguir preservando la impunidad y seguir protegiendo a los altos funcionarios de este país que no han respondido a la justicia, sabemos que los responsables han ocupado los grandes cargos de este país”.

En tanto, en aquella ocasión, la abogada de las víctimas, Melissa Zamora, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que el amparo evidencia que el actuar de la Fiscalía del Estado de México ha sido irregular.

“Continúa violando derechos humanos de las mujeres, principalmente el del acceso a la justicia, lo que durante 14 años ha ocasionado que la investigación continúe en completa impunidad”, comentó, en conferencia, hace cinco meses.

“Este amparo viene a ser una impunidad para que la Fiscalía General entregue la investigación a la federación y pueda dar a cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana en cuanto a que no solamente se investiguen autores materiales de la tortura sexual, sino también a los intelectuales”.

Zamora celebró que el fallo judicial se diera en el marco de los 16 días de activismo con razón del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre.

“Se enmarca en un contexto de un país que necesita que se le dé prioridad a este tema”, insistió.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.