HORA CERO

Doblar las manos ante la delincuencia 

Luis Alberto Romero

El anuncio del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de ordenar el repliegue de las fuerzas del orden en el caso de un enfrentamiento con la delincuencia, podría interpretarse como una señal de debilidad.

Sin embargo, los hechos registrados en la comunidad de Guadalupe La Patrona, en la zona de Amatlán-Cuichapa, llaman a la reflexión. En ese lugar, dos jóvenes, menores de edad, murieron en el fuego cruzado, durante el enfrentamiento entre elementos de la policía estatal y presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Durante su conferencia de este lunes, el ejecutivo veracruzano lamentó la muerte de dos jóvenes que –dijo– “nada tenían que ver con el suceso.

Como sea, el hecho ya es investigado tanto por el Ejecutivo, como por la Fiscalía General del Estado.

El gobernador señaló que “quizá es mejor marcar cierta retirada en la medida de lo posible, pues la intención fue frontal: causar baja a los elementos, hay que buscar la forma de repeler agresiones en zonas pobladas…”

Agregó Cuitláhuac García que convendría “revisar en qué casos sería mejor retirarse; es decir, no responder directamente a la agresión y buscar otro mecanismo”.

El mandatario no dudó en asegurar que los hechos de Amatlán están inmersos en la disputa entre bandas;  “hay dos bandas que se están disputando esa región, particularmente en Amatlán, un personaje alias “Western”, trae un enfrentamiento con otra banda y nosotros debemos garantizar la seguridad”.

De la declaración del gobernador veracruzano llaman la atención básicamente dos puntos; primero, el reconocimiento de la operación de bandas delincuenciales en la zona centro de Veracruz, donde por años se han consignado quejas de empresarios por la operación de grupos delincuenciales dedicados al secuestro y, en general, por los altos niveles de inseguridad; y segundo, la reflexión sobre la conveniencia del retiro de la policía en los casos de enfrentamientos violentos en zonas pobladas.

En este último punto, el ejecutivo camina por un sendero jabonoso, porque si bien es responsabilidad del estado velar por la seguridad y la integridad física de la población, evitando acciones que pongan en riesgo a las posibles víctimas de un fuego cruzado –como en el caso de Amatlán–, la orden de retirarse dejaría el camino libre a la delincuencia organizada para que opere de manera impune en las zonas urbanas.

Cualquiera podría interpretar como una señal de debilidad del Gobierno del Estado la declaración de García Jiménez en el sentido de que la policía estatal evite el enfrentamiento, se repliegue, y prácticamente capitule ante las amenazas de violencia; sin embargo, también es cierto que una instrucción de esa naturaleza iría en la misma dirección que la política del presidente López Obrador en el combate a la delincuencia.

Recordemos que en octubre de 2019, el presidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien había sido detenido en Culiacán, Sinaloa, y liberado unas horas más tarde, ante la amenaza de la delincuencia organizada de tomar represalias contra la población civil.

En Veracruz, guardadas las proporciones, el discurso del gobernador iría en el mismo sentido: replantear la estrategia de combate a la delincuencia; y retirar a la policía estatal de cualquier escenario de enfrentamiento en zonas pobladas, para evitar víctimas por el fuego cruzado, aunque ello implique capitular, doblar las manos ante el hampa.

@luisromero85

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