La responsabilidad patrimonial del Estado

Por Juan Manuel Herrera Sosa

Conduciendo en una calle de la capital veracruzana, me tocó ver un auto nuevo que cayó en un bache del tamaño no menos que una alberca infantil, desde luego se le ponchó una llanta y, sin ser experto perito en daños automotrices, puedo afirmar que diez segundos de distracción le van a costar varios meses de salario al infortunado personaje; de menos, pagar el deducible de su seguro y quedarse sin auto un tiempo, y pienso: ¿por qué los ciudadanos que pagamos impuestos (a veces a regañadientes) no tenemos ni las vialidades transitables? ¿por qué tenemos encima que pagar las consecuencias de las omisiones de los titulares del gobierno? Y recordé que allá por el 2006 incluí en mi tesis de licenciatura la responsabilidad patrimonial del Estado.

Primero, hay que tener claro que la Constitución Federal en el 49 señala la división del poder (una República) en ejecutivo, legislativo y judicial; y el 115, fracción tercera, inciso g, le da al municipio la atribución/responsabilidad de todo lo referente a las calles; entonces, es responsabilidad del presidente municipal y su ayuntamiento el tener las calles, al menos transitables.

¿Pero qué sucede si con todo y la ley, por incompetencia, desinterés, apatía o lo que sea que motive al señor alcalde a que las calles estén llenas de hoyos, me sucede lo de la persona que vi? La respuesta es simple, debe responder por los daños causados en el ejercicio de sus funciones, porque dichas omisiones afectaron mi esfera jurídica (la omisión de tener las calles transitables y mi derecho a la propiedad).

El antecedente más notable de incorporar dicho mecanismo en una Constitución se dio en los años 70 y 80´s, teniendo como pioneros a los franceses y alemanes; en México, se consideraba un atentado a las finanzas públicas (como si desviar el presupuesto no lo fuera) por lo que era imposible pensar que algún día sería parte de la ley (palabras textuales de un senador en la discusión del tema); incluso se llegó al extremo de intentar -vía legal- copiar a los españoles que en su Código Civil tenían una prohibición expresa; entonces, si llegaba un alcalde, gobernador o presidente y no hacía lo mínimo que la ley le obligaba, y con ello afectaba a la ciudadanía, no había consecuencia alguna. Me es difícil imaginar por qué tanto deseo de llegar al puesto y de plano desentenderse.

Así, con el paso del tiempo y teniendo como consecuencia inevitable la apertura de las leyes mexicanas a mecanismos novedosos en otros países, se llegó a incluir este tipo de responsabilidad estatal con el objeto de evitar que la autoridad cometiera daños sin responsabilidad alguna amparada en la insuficiencia de recursos financieros; para lograrlo, le fue encargado a la hacienda pública, la creación de partidas presupuestales suficientes y que los congresos lo consideraran en los planes presupuestales.

De este modo, en México, a partir del primero de enero del año dos mil cinco se incluyó este mecanismo adicionando un último párrafo al 113, en el que se incluye una responsabilidad diferente (aparte de la política, civil, penal y administrativa), y dice tal cual: La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes y derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Lo de objetiva y directa (que nos copiamos de los franceses) significa que independientemente de que la conducta del servidor público que ocasione la lesión haya sido lícita o ilícita, regular o irregular, legítima o ilegítima, la lesión causada debe indemnizarse en tanto que tal acción –u omisión- vulnera un derecho de una persona; y en el sentido de responsabilidad directa, se entiende que el Estado será quien conozca el reclamo de la indemnización que le formulen los particulares cuando la actuación de los servidores públicos ocasionan lesiones en su respectivos patrimonios; claro está, el Estado paga, la mala actuación gubernamental (irónicamente, nosotros con nuestros impuestos pagamos sus yerros).

En Veracruz, todo esto se aterrizó en una ley de responsabilidad administrativa del 2002, recientemente actualizada; donde específicamente se dice que la indemnización por la mala actuación (u omisión) de un servidor público que afecte a un tercero (como el coche del señor) consiste en el pago del daño, el perjuicio y el resarcimiento del daño moral (hasta el psicólogo hay que pagar), casualmente dicha indemnización fue topada el año pasado (¿por?) ¿Cuál es el camino? Acudir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y aventarse el viacrucis de lo que significa un juicio ahí (probablemente el tribunal más ineficiente de Veracruz); sin embargo, lo realmente importante es hacerlo valer (para eso están); si la autoridad retrasa sus licencias, permisos y esto le cuesta, demande; si la autoridad con sus omisiones afecta su patrimonio, demande; la autoridad si no hace lo que está obligada ¡debe pagar! No hay que quedarse callado, pues como afirmo y creo, la justicia, aunque tarde, siempre ha de llegar a su destino.

* Abogado, profesor en la Universidad Anáhuac de Veracruz y exasesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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