Tope a donativos sólo afectará a integrantes de dos familias que han deducido hasta 340 mdp en los últimos años: SAT

A cuatro días de que la minuta con el paquete fiscal se discuta en el pleno del Senado, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aclaró a los miembros de la Cámara alta del Congreso de la Unión que los límites a los beneficios fiscales por donativos sólo afectan a una minoría que ha abusado de este esquema, señalando en particular, sin dar sus nombres, a siete integrantes de una o dos familias que en los últimos años han deducido entre 170 y 340 millones de pesos, pero donando estos recursos a sus propias fundaciones y no a otras organizaciones filantrópicas.

La funcionaria de la Secretaría de Hacienda  resaltó, además, que esas asociaciones abusivas deducen más de lo que aportan y que, debido a ello, “en las deducciones fiscales de 2020 se inventaron 732 millones de pesos adicionales”.

Buenrostro participó este viernes en la reunión de trabajo de las comisiones del Senado que dictaminan la minuta de Ley de Ingresos y miscelánea fiscal del próximo año, y ante preguntas de legisladores de oposición, la titular del SAT aclaró que de los 10 mil donantes registrados, únicamente unas 50 personas físicas, directores de fundaciones en su mayoría, verán afectados sus ingresos.

Entre ellos aludió a los siete personajes que, dijo, donan millones, “pero no se los dieron a las mujeres maltratadas, no se los dieron a Cáritas, sino fueron directamente a sus fundaciones familiares”.

ES ABUSO, NO DEFRAUDACIÓN

Entrevistada después de su comparecencia ante las comisiones del Senado, Raquel Buenrostro se negó a dar los nombres de estos empresarios abusivos, pues argumentó que se lo impide el secreto fiscal. “No, no vamos directo sobre ellos porque hacer una auditoría lleva mucho tiempo”, comentó, refiriendo que además los recursos obtenidos serían pocos. “No es defraudación, pero sí un abuso que no debe tolerarse más”, reiteró.

Durante el encuentro con los senadores, la ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda  resaltó que se busca robustecer el combate a la elusión y la evasión tributaria, en un país donde prevalece “la cultura de no pago” de los impuestos y 30 millones de registros de contribuyentes presentan irregularidades.

Posteriormente explicó que la obligación de registrarse como contribuyentes al cumplir 18 años tiene una doble intención: “por principio, hacer conscientes a los jóvenes de que están obligados a cumplir con su país y declarar los ingresos que reciben y protegerlos de robos de identidad, incluso de la delincuencia organizada, sin que estén siquiera enterados”, expuso.

Señaló que esta nueva medida permitirá que si alguien usa su Registro Federal de Causantes (RFC) o lo dan de alta como representante legal de una empresa u otra anomalía, reciba una alerta o le llegue un aviso, como hacen los bancos.

Durante la reunión, al responder a senadoras de PRI y PAN que insistieron en que las nuevas medidas se inscriben en un marco de terrorismo fiscal, propio de regímenes autoritarios, la titular del SAT puntualizó que había “un abuso del lenguaje”, y explicó que “no se habla de terrorismo educativo por hacer exámenes a los alumnos o de terrorismo penal por encarcelar a los delincuentes, tampoco se debe señalar de terrorismo fiscal hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias”.

En ese contexto, dijo, se explica que se finque también responsabilidad fiscal a los contadores que no informen sobre esquemas de evasión en el pago de impuestos. Se trata, detalló, de desmontar los grandes despachos dedicados a defraudar tanto al fisco como a los grandes contribuyentes.

Por su parte, el veracruzano Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, también presentes en esta reunión, coincidieron en que la miscelánea fiscal está orientada a crear una nueva cultura tributaria que erradique la impunidad.

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