Pendiente proceso penal contra Javier Duarte por desaparición forzada; desde marzo, gobierno de Guatemala autorizó solicitud de la Cancillería

Luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años, México finalmente obtuvo del Gobierno de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Según publicó el diario digital Animalpolitico.com, dicha autorización era necesaria ya que el país centroamericano extraditó en 2017 al ex mandatario veracruzano sólo por delitos de corrupción y lavado de dinero, y de acuerdo con el tratado diplomático firmado entre las dos naciones se requería obtener la autorización de Guatemala para detenerlo u procesarlo por otro delito distinto.

Sin embargo, pese a que ya transcurrieron ocho meses de que se obtuvo este permiso, el proceso penal por desaparición forzada en contra de Duarte de Ochoa no se iniciado aún en México. La orden de detención no se ha cumplimentado y la audiencia inicial no se ha podido llevar a cabo todavía. La defensa de Duarte de Ochoa adelantó que impugnará este nuevo proceso penal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó que las autorizaciones de parte del Gobierno de Guatemala para proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en dos momentos: una respuesta parcial el 18 de diciembre de 2020 y la definitiva el 17 de marzo de 2021.

En el oficio UDT-7573/2021 obtenido por el portal informativo a través de una solicitud de transparencia, la SRE detalla que si bien el contenido de los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada y clasificada por cinco años, es posible revelar que el sentido de la respuesta a la solicitud ha sido positiva.

“La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al Gobierno de México el consentimiento para la Excepción a la Regla de Especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición”, refiere la Cancillería mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, agregó que el 19 de marzo pasado comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la autorización del gobierno guatemalteco para que se procediera en consecuencia.

Sin embargo, hasta la fecha la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra del ex mandatario veracruzano no ha sido ejecutada por agentes federales ni del estado de Veracruz. Ello pese a que Duarte de Ochoa, expulsado del PRI en octubre de 2016, está plenamente localizable ya que desde hace más de cuatro años se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Se sabe que el ex gobernador de Veracruz podría ser preliberado luego de haber cumplido  la mitad de la sentencia de 9 años que le impusieron, ya que además no se le ha iniciado el proceso por desaparición forzada, delito considerado grave y que amerita prisión preventiva justificada.

FGR SE LAVA LAS MANOS

Cuestionados acerca de por qué no se ha puesto en marcha el proceso penal por desaparición forzada en contra de Javier Duarte de Ochoa, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que si bien esta dependencia participó en el proceso de solicitud diplomática para la obtención de la autorización, la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) por ser la autoridad responsable de ejecutar la orden de arresto y detonar el proceso.

Las autoridades federales indicaron que se notificó oportunamente a la FGE de Veracruz  sobre la autorización del Gobierno de Guatemala. Refirieron que ya hubo un primer intento de audiencia inicial pero la misma fue pospuesta.

La Fiscalía Estatal no ha respondido nada sobre las acciones que se han tomado a partir de la notificación de la FGR tras la autorización de las autoridades guatemaltecas, así como la razón por la cual no se ha cumplimentado la orden de aprehensión.

De acuerdo con fuentes consultadas sobre este caso, son dos los intentos de audiencia inicial que se han llevado a cabo en las últimas semanas ante un juez de la Ciudad de México sin éxito. Uno de esos intentos tuvo que posponerse por una alerta de riesgo de Covid-19 en el Reclusorio Norte de la CDMX y la segunda por un tema administrativo.

Cabe señalar que la audiencia inicial es imprescindible para que el proceso penal pueda iniciar. En ella, los fiscales le darán a conocer a Duarte de Ochoa el nuevo delito que le imputan y cuáles son los elementos de prueba para imputarle su presunta participación en el mismo. Por su parte, los abogados del ex mandatario pueden exponer los datos que consideren necesarios para rebatir esa presunción inicial.

A partir de ello el juez decidirá si existen datos iniciales suficientes que justifiquen la apertura del proceso en contra de Duarte y fijará un plazo para que se concluyan las investigaciones. Si esto sucede el ex gobernador tendría que permanecer preso ya que el delito de desaparición forzada podría ameritar una prisión preventiva justificada, sobre todo al tratarse de un segundo procedimiento en su contra.

LOS ANTECEDENTES

En mayo de 2018 una jueza penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Esto en agravio de al menos uno de varios jóvenes, identificado como David Lara, que fueron detenidos ilegalmente en 2013 por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado encabezada por Arturo Bermúdez Zurita, uno de los ex colaboradores de mayor confianza de Duarte de Ochoa.

Las víctimas fueron detenidas por policías estatales sin que existieran denuncias ni órdenes de aprehensión en su contra. No fueron hechos aislados sino una operación sistemática a cargo de dos grupos de la policía que se dedicaban a realizar estas detenciones ilegales. Todas las víctimas fueron llevadas a la Academia de Policía de Xalapa y ya no se volvió a saber de ellos.

Según las investigaciones oficiales, altos mandos de la SSP, incluido su titular Bermúdez Zurita, habrían participado en estos hechos. En febrero de 2018 se implementó un operativo denominado “Tiro de Gracia” en el que cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 19 efectivos de esta corporación.

Al avanzar las indagatorias los fiscales establecieron que el entonces Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien a pesar de la autonomía de la FGE operaba bajo las órdenes de Duarte de Ochoa,  había entorpecido las indagatorias de estos hechos con la presunta intención de encubrirlos.

Concretamente que habría intentado ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos en una barranca conocida como La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, en donde supuestamente eran arrojados los cadáveres de las víctimas de desaparición forzada. El fiscal fue detenido en junio de 2018 y liberado en diciembre de ese mismo año al inicio de la administración del gobernador Cuitláhuac García, de Morena.

En ese contexto la FGE determinó que Javier Duarte también era corresponsable del supuesto encubrimiento, ya que ordenó a su Fiscal General que no se informara del número total de víctimas halladas en el referido terreno, situación que entorpeció el esclarecimiento de los hechos.

“Se le atribuye (a Duarte de Ochoa) la calidad de autor intelectual en el caso ya que compelió al entonces Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a que servidores públicos desplegaran acciones que entorpecieron la investigación de la desaparición forzada de David Lara”, indica la acusación de la FGE.

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