Archiva FGR indagatoria sobre sentencia abreviada de Javier Duarte

La Fiscalía General de la República resolvió que sus mandos y fiscales no incurrieron en delito alguno al negociar con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, y que este año le podría facilitar su excarcelación.

Según publicó este martes el diario REFORMA, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR determinó archivar la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018, resolutivo que notificó a la asociación civil Tojil, responsable de la denuncia que dio lugar a la indagatoria.

Por medio del presente y en atención a su escrito recibido vía correo electrónico el día de la fecha, me permito hacer de su conocimiento, que la carpeta de investigación citada al rubro, se determinó en un no ejercicio de la acción penal, en términos de lo dispuesto por el artículo 327, fracción IX, del Código nacional de Procedimientos Penales, informa el fiscal Roberto Lara Vázquez, en un oficio del pasado 30 de diciembre, refirió el diario capitalino.

En el documento, el funcionario niega al organismo civil una copia del documento en el que resuelve el carpetazo, pues conforme al código procesal sólo puede ser proporcionada a la víctima, calidad jurídica que no tiene la denunciante.

Como se recordará, el 26 de septiembre de 2018 Duarte de Ochoa fue condenado a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, luego de negociar con la FGR un procedimiento abreviado en el que se declararía culpable, a cambio de una pena mínima más un descuento adicional al castigo.

Esta pena hoy le permite al ex mandatario veracruzano pedir su libertad condicional, pues ya cumplió el 50 por ciento, uno de los siete requisitos básicos en el sistema penal acusatorio para solicitar su excarcelación.

En la acusación, originalmente la Fiscalía había pedido 25 años de cárcel contra el veracruzano por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, sin embargo, antes de que el juez dictara la sentencia Javier Duarte empezó la negociación de una salida alterna.

De hecho, el 21 de agosto de 2018 el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mauricio Moreno Balbuena, solicitó a la PGR retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.

Dos días después Arturo Elías Beltrán, encargado de despacho de la entonces PGR, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa y tenía una pena mucho menor.

TOJIL RECURRIRÁ A LA CIDH

El 1 de octubre de 2018, la asociación civil Tojil presentó su denuncia por delitos contra la administración de la justicia y cohecho, contra los funcionarios que pactaron el procedimiento abreviado con Duarte.

La organización no gubernamental consideró la sentencia como muy baja y desproporcionada con relación a los hechos y desvíos señalados en la acusación.

En su querella, señaló como principal imputada a la Ministerio Público Martha Esthela Ramos del Castillo, adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales, entonces a cargo de Felipe Muñoz.

Ramos murió en un accidente automovilístico en Tamaulipas, en agosto de 2020.

Estefanía Medina, representante de Tojil, dijo no estar sorprendida por el carpetazo de la Fiscalía, pero anticipó que la batalla legal continuará en instancias internacionales.

Lo más importante es que está pasando lo que se predijo desde un momento, sin un contrapeso ciudadano este caso iba a quedar en completa impunidad y eso está pasando.

Este caso sigue su curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperamos que el Estado Mexicano sea sancionado por estas violaciones que perpetúan impunidad, declaró a REFORMA.

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