Critica titular de la UIF que INE retuvo 1,360 mdp y no difundió obligación de votar en Revocación de Mandato

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dijo que la participación ciudadana en la consulta popular de Revocación de Mandato era obligatoria y de acuerdo con la Constitución Política de México, se plantean sanciones como la suspensión de los derechos electorales hasta por un año para quien incumpla con el deber de acudir a las urnas.

El experredista recriminó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya informado a los mexicanos que el voto en la Revocación de Mandato era obligatorio. Esto luego que solo 16.5 millones de mexicanos con credencial de elector acudieron a las mesas de votación mientras que casi 76 millones de personas decidieron no asistir.

Gómez Álvarez citó el artículo 35 constitucional en el cual se establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, y puntualizó que el artículo 38 prevé “la sanción por no hacerlo”.

No obstante, el funcionario federal tuvo una pequeña confusión respecto al artículo de la Constitución en el que se establece la obligatoriedad y poco después realizó la precisión respecto a que el artículo 35 habla del derecho al voto mientras que en el 38 se mencionan las sanciones por no votar.

La Constitución señala que votar en las elecciones populares es un derecho y aunque en el artículo 38 se habla de posibles suspensiones, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que es necesario que un juez determine la suspensión de los derechos electorales a un ciudadano y posteriormente se debe dar aviso al INE para retirar su nombre del padrón electoral por el tiempo que dure dicha medida.

El exdiputado federal por Morena acusó al INE de ocultar a la ciudadanía el carácter obligatorio de la jornada del pasado domingo en la que alrededor del 90 por ciento de los participantes votaron a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en el cargo por el resto de su mandato constitucional que concluirá el 30 de septiembre de 2024.

De acuerdo con datos del INE, en la jornada del 10 de abril participaron 16 millones 503 mil 636 personas de los 92 millones 823 mil 216 que conforman la Lista Nominal.

O sea que 76 millones 319 mil 580 mexicanos incumplieron con la obligación de votar en la Revocación de Mandato y en teoría podrían recibir la sanción que plantea la Constitución en el artículo 38:

“Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley”.

Además, el exlíder del movimiento estudiantil del 68 ha acusado desde hace meses que el INE no sufrió un recorte en su presupuesto y lo señaló por instalar solamente 57 mil 448 casillas para este ejercicio de Revocación, que representa la tercera parte del total de las que instalan en una elección federal.

Ante la acusación de un supuesto boicot por parte del INE en esta Revocación de Mandato, como lo han indicado 18 gobernadores de la 4T, el consejero presidente Lorenzo Córdova respondió que “si hubo un boicot fue de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”.

En la elección federal de 2021 se registró una participación de 48 millones 874 mil 040 ciudadanos, que representó el 52.66 % del padrón electoral, sin embargo, ningún partido o actor político señaló las posibles sanciones contra los casi 45 millones de mexicanos que no cumplieron con esa obligación de voto.

En los comicios de 2018 en los que se eligió, entre otros cargos, el de Presidente de la República, la participación ciudadana fue de 63.42% mientras que casi 30 millones se abstuvieron de acudir a las urnas a emitir su voto.

ACUSA QUE INE RETUVO 1,360 MDP

Al cuestionar la escasa instalación de casillas que desplegó el INE el domingo pasado durante la consulta de revocación de mandato, el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda deploró que la razón haya sido de orden financiero, cuando el instituto “retuvo mil 360 millones de pesos en sus ilegales fideicomisos”.

A lo largo del proceso de organización, el tema presupuestal fue una constante causa de confrontación entre Morena y el INE, a partir de los sucesivos intentos que hizo el partido para que el organismo electoral desapareciera los fideicomisos de infraestructura inmobiliaria y de pasivo laboral a efecto de canalizar estos mil 360 millones de pesos al financiamiento de la instalación de casillas.

Desde que el INE formalizó que sólo instalaría 57 mil 517 casillas ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte de recursos, Morena cuestionó la falta de disposición de la autoridad electoral para hacer cumplir los preceptos de la Ley General de Revocación de Mandato que le obligaba a instalar 161 mil casillas. Nunca se aceptó la petición.

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