Luz y sombra

Poder Legislativo contra funcionaria del Poder Judicial

Todo parece indicar que derivado de la denuncia pública que hizo Joana Bautista Flores, directora de Administración del Poder Judicial del Estado (PJE), en contra de la diputada local del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, y de José Alberto Velázquez Fajardo, asesor jurídico de la panista –lo que motivó que el Tribunal Electoral de Veracruz le otorgara a la funcionaria medidas de protección por el posible caso de violencia política de género–, ahora, después de un polémico desplegado que difundió un grupo de diputadas en apoyo de su camarada oriunda de Comapa, la LXVI Legislatura coincidentemente ha dado entrada a un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y federales correspondientes (SAT, UIF, ORFIS, INAI, IVAI) a realizar investigaciones a los procesos de licitación y adjudicaciones directas del PJE, además de analizar “la justificación de la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos para aliviar la supuesta crisis financiera que terminó resolviéndose extraordinariamente con 200 millones que se otorgaron durante el pasado ejercicio fiscal”. Vaya, aunque nada más le faltó al Congreso local pedir el apoyo también a la DEA y al FBI, habría que aplaudir su interés por fiscalizar y transparentar eficazmente el manejo de los recursos del Poder Judicial del Estado, lo que contrasta con la “suspensión temporal” desde el pasado viernes 15 de este mes del Sistema Compranet de la Secretaría de Hacienda, que casualmente es la plataforma que se utiliza para la consulta de información y configuración de procedimientos de contratación del gobierno federal. Pero, además, ¿por qué los diputados locales no amplían esta misma exigencia para el propio Poder Legislativo y Ejecutivo del estado?

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