Destituyeron e inhabilitaron a 10 funcionarios del Banco de Bienestar en 2021; un caso, en Tantoyuca

20 de abril de 2024 00:01
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Un total de 10 funcionarios del Banco del Bienestar (BB) –entre ellos Irma Rodríguez Hernández, auxiliar de la sucursal de Tantoyuca, Veracruz– fueron destituidos e inhabilitados al comprobárseles que habían incurrido en diversas irregularidades en el periodo que comprende de enero a septiembre del año pasado.

De acuerdo con datos recientes de la Plataforma Nacional de Transparencia consultados por el diario LA JORNADA, otro de los hoy ex servidores públicos es José Manuel Ruiz Aguilar, quien se desempeñaba como jefe de sucursal en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, luego de que se comprobara que había obtenido “beneficios adicionales a las contraprestaciones” a las que tenía derecho.

De igual forma, Juana Isela de la Rosa Huerta, jefa de sucursal en un establecimiento bancario de Monterrey, Nuevo León, fue encontrada responsable de la misma falta y fue inhabilitada por 11 años, además de recibir una sanción económica.

Otro funcionario castigado fue José Farhit González Estebanes, quien ocupaba el cargo de auxiliar de sucursal en la Ciudad de México.

En el mismo caso se encuentran Martha Elena Arjona Inda, jefa de sucursal rural en Nayarit; Juan Peralta Margalli, auxiliar de sucursal en Chiapas; Rocío del Carmen Rodríguez García, jefa de sucursal en San Luis Potosí; Juan Enrique Sánchez Castro, jefe de sucursal en Chiapas, José Luis Castañeda Serrano, auxiliar de sucursal en Chiapas, y Héctor Edu Velasco Gutiérrez, jefe de sucursal en la Ciudad de México.

Algunos de los hoy ex funcionarios ya habían recibido sanciones en años anteriores, como es el caso Castañeda Serrano, Velasco Gutiérrez, Arjona Inda y Rodríguez García, todos ellos por haber realizado “retiros indebidos” en 2019.

Según investigó el diario capitalino, desde el inicio de la actual administración, de acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, se han registrado 43 expedientes de sanciones contra servidores públicos –algunos de ellos con más de un castigo–, la mayoría por los dos ilícitos ya mencionados.