Detecta ASF irregularidades por más de 10 mil mdp en gasto de 2021; 60% son de estados y municipios


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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por irregularidades en el gasto público durante 2021, por 10 mil 312.9 millones de pesos, de los cuales 6 mil 675.3 millones corresponden a estados y municipios.

A ambos se les practicaron 564 auditorías, con lo que, por segundo año consecutivo, fueron los sectores más revisados.

En contrapartida, el titular de la ASF, David Colmenares, puntualizó que con la incorporación de nuevas técnicas de evaluación y un modelo reciente de fiscalización, se logró recuperar en favor del erario, en lo concerniente al gasto federalizado de la cuenta pública del año pasado, mil 830 millones de pesos.

En los últimos 12 meses se han rescatado recursos por 4 mil 290.8 millones de pesos, agregó el funcionario durante la segunda entrega a la Cámara de Diputados de informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021.

Mencionó que el programa de auditorías está integrado por 2 mil 50 revisiones, es decir, 26.8 por ciento más respecto de las hechas para el gasto de 2020. La tercera parte de las evaluaciones se entregará en febrero de 2023; en ella se encuentran las revisiones de mayor complejidad, agregó.

Ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de San Lázaro, Colmenares informó que se han presentado más de 30 denuncias penales por diferentes cuentas públicas relacionadas con asuntos de alto impacto, y que continuará con dichas presentaciones cuando se tengan todos los elementos.

También se ha sancionado a cerca de dos mil funcionarios, apuntó el auditor, contra quien la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaen, presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control de San Lázaro por no haber proporcionado revisiones a la cuenta de 2020 que fueron dadas de baja.

Entre ellas, una a la política educativa cuando la secretaria de este sector era Delfina Gómez.

En los resultados de la segunda entrega de las auditorías a la Cuenta Pública 2021 se señalan observaciones por 10 mil 754 millones 372.5 mil pesos, de los cuales se han recuperado 441 millones 383.8 mil pesos. De esta forma, faltan de aclarar 10 mil 312.9 millones de pesos.

De esta última cifra, 111.5 millones corresponden al Poder Judicial, los órganos autónomos, las entidades no sectorizadas y las secretarías de Gobernación, Seguridad, Hacienda, Defensa Nacional y Marina.

Otros 612.4 millones están relacionados con recursos asignados para el desarrollo social, 2 mil 913 millones al desarrollo económico y 6 mil 675 millones al gasto federalizado.

A Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se les practicó el mayor número de auditorías, con un total de 17 con observaciones por mil 857 millones.

Le siguen la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 13 fiscalizaciones y presuntas irregularidades por 647 millones, 500 mil pesos.

En una sesión previa de la Comisión de Vigilancia, la ASF fue criticada por la oposición, e incluso por diputados de Morena.

Inés Parra, del partido guinda, dijo que ese organismo está reprobado, pues no ha querido entrar de lleno a la presentación de denuncias de hechos. No sirve para combatir la corrupción, aseguró.

El PAN insistió en llamar a comparecer al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota, por anomalías en esa dependencia.

STPS DEBE ACLARAR 78 MDP DE PROGRAMA PARA JÓVENES

De acuerdo con la fiscalización de la ASF, en el gasto ejercido en 2021 por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) tiene pendiente de aclarar 78 millones 815 mil 935 pesos en su programa insignia Jóvenes Construyendo el Futuro.

En la segunda entrega del informe de la Cuenta Pública 2021, detectó deficiencias en la operación de ese programa, entre ellas duplicidades, y que no acreditara que 87 mil 777 personas con servicio médico que otorga el IMSS correspondieran a beneficiarios, pues no fueron localizados en el padrón.

De ese total, la ASF tomó una muestra de 70 jóvenes a los que se les otorgó seguro médico sin estar en el padrón. Por ellos se pagaron 41 mil pesos, y se constató que de 45 se entregaron cuotas al IMSS y recibieron capacitación; sin embargo, no recibieron pagos de la beca sin que se justificara el motivo.

Las irregularidades incluyen también pagos por 19 millones 332 mil 700 pesos a mil 160 beneficiarios que también formaban parte de otro programa, Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Del mismo modo, se pagaron 2 millones 983 mil 500 pesos a 284 beneficiarios que al mismo tiempo se localizaron como becarios del programa Becas Elisa Acuña, dirigido a egresados y docentes de instituciones públicas de educación superior.

En tanto, otros 16 beneficiarios, a quienes se pagaron 284 mil 500 pesos, también se identificaron como servidores de la nación en el ejercicio fiscal 2021.

Asimismo, la STPS entregó apoyos por 10 millones 917 mil 200 pesos a 703 destinatarios que tenían un empleo en dependencias públicas y 45 millones 91 mil 200 pesos más a 2 mil 692 que trabajaban en empresas privadas, aun cuando formaban parte del plan de capacitación.

A otros 16 se les pagaron 206 mil 900 pesos que en la base de datos de los centros de trabajo se encontraron también como tutores en el mismo tiempo de capacitación.

La ASF determinó 14 observaciones, de las cuales cuatro fueron solventadas por la STPS, aunque se generaron tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y nueve recomendaciones.

CADUCIDAD DE VACUNAS

Por otra parte, la ASF también encontró anomalías en el funcionamiento del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que derivaron en la caducidad de 9 mil 779 vacunas del esquema general sin que se solicitara al proveedor el canje de esas dosis.

En los resultados de la fiscalización que la ASF entregó ayer a la Cámara de Diputados, se señala que en el registro de entradas y salidas, así como de la existencia de biológicos en el almacén central de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, no se verificó que se distribuyeran a las jurisdicciones sanitarias 160 mil 369 dosis, ya que al 30 de junio de 2022, éstas aún se encontraban en la cámara de red de frío del almacén.

Con ello se superó entre 24 y 138 días los seis meses de almacenamiento establecidos como límite máximo de acuerdo con la normativa, y en el caso de 9 mil 779 ya se encontraban caducadas. Aunado a ello, puntualiza, no se informó oportunamente al instituto para que, por su conducto, se solicitara al proveedor el canje de las citadas dosis.

El organismo señala también que el Insabi no contó con un sistema informático para el control y seguimiento de las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud (en las que se incluyen las vacunas) requeridos para las unidades médicas que integran el Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de contar con información oportuna y confiable que coadyuvara en la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas, además de asegurar el abasto de biológicos del esquema nacional.

También se destaca que en los comprobantes fiscales digitales por Internet que sustentaron los pagos de la adquisición de vacunas no se describió la manifestación de la recepción a entera satisfacción de los insumos por parte del administrador del contrato.

Con información del diario LA JORNADA