El derecho a la buena administración

17 de abril de 2024 06:47
Luchas-medios-digitales-728x90-2-1

Por Juan Manuel Herrera Sosa*

Si algo bueno se puede decir de la época en la que la humanidad vivió una de sus peores etapas de horror: la Segunda Guerra Mundial, es que gracias a ello y a todo lo acontecido, los estados, no sólo europeos sino de casi la totalidad del orbe, iniciaron una tendencia de reconocimiento, fortalecimiento y garantía de los derechos humanos en sus constituciones y que a base de decisiones judiciales poco a poco se han ido cumpliendo y permeando en la vida de los países; todo, con el objetivo de proteger cada vez más la dignidad de la persona, que no es más que el respeto irrestricto a su integridad y sus derechos para que alcancen su realización plena. Así, se han ido reconociendo y garantizando diferentes tipos de derechos (muchas veces a golpe de sentencias) como el de la salud, educación de calidad gratuita -que aún peleamos en tribunales-, hasta otros de concepción “más avanzada” como el derecho humano a la buena administración.

El compromiso de libertad, igualdad y fraternidad se instituyó desde la Revolución Francesa, donde literalmente el pueblo harto de abusos le cortó la cabeza a don Luis XVI, y donde el antiguo régimen (estados absolutistas a voluntad de 1 persona) comenzaron su decadencia hasta evolucionar en los estados sociales democráticos -en teoría- como lo es México hoy; en este tipo de estados la administración pública ya no solo se justifica para asegurar esas libertades, igualdades y fraternidades, sino toda la nueva concepción del derecho de administrativo se basa en la dignidad de la personas, poniéndola en el centro de toda decisión y/o actuación estatal con el objeto de asegurar así su desarrollo en plenitud.

De este modo, toda la administración pública (en los tres órdenes de gobierno) deben observar siempre en su actuar el interés general, en palabras del profesor Jaime Rodríguez-Arana:  tienen la obligación de ajustar su actuación a una serie de parámetros y características concretos y determinados que se expresan constitucionalmente en la idea de servicio objetivo al interés general, en pocas palabras ver por el bien común y no por intereses particulares, de grupo, por motivos ideológicos, beneficios empresariales o cualquier otra cuestión que beneficie a pocos y afecte o pueda afectar a muchos, la finalidad: que la gestión pública sea JUSTA.

Para ello, aparte de hacer partícipe a la ciudadanía mediante mecanismos de participación directa o indirecta (¡en Veracruz no hay revocación de mandato!), también se debe asegurar vía la tutela judicial efectiva, que en pocas palabras es reclamar un derecho en tribunales y que éstos resuelvan y sus resoluciones se hagan realidad, que la administración sea “buena”; ¿por qué?, porque los ciudadanos tenemos derecho a que la gestión de los intereses públicos se realice de manera a lograr el libre desarrollo de las personas y eso, es un derecho humano.

Además, para que la persona pueda desarrollarse requiere que lo público (lo que se conoce como el espacio de todos) y los que lo administran (nuestros gobernantes) tengan el objetivo de permitir realizarse, administrando “bien”, eliminando todo obstáculo y generando las condiciones para que así suceda, no hay cabida para ansia de poder, de dinero y de notoriedad, que les impida ver con claridad las necesidades colectivas reales de los ciudadanos, sin importar la ideología o proyectos políticos de los que gobiernen en el momento (JRD).

De este modo, en Europa este derecho se viene reconociendo desde los 90´s ya con resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde por cierto en una sentencia del 95 se determinó que, si la autoridad hace las cosas “bien” pero de forma tardía, también afecta derechos (incluyendo los tribunales cuando conocen casos).

Por su parte en México, aunque a pasos tímidos, va siendo reconocido por el Poder Judicial de la Federación, ya la Corte se pronunció en el famoso amparo en revisión 237/2014 (el derecho de los marihuanos de fumar) sobre el desarrollo libre de la personalidad; pero sin duda el ejemplo que más notoriedad ha tenido (y causado furor en la comunidad jurídica) es el amparo directo 309/2021, donde como ponente el Magistrado Tron Petit reconoce que la buena administración pública es un derecho de las personas y un principio de actuación del estado, porque así se reconoce en la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos (que México forma parte), en la Constitución Federal y en toda la normativa de la administración pública que rigen el actuar de los gobernantes, y que, por acción u omisión, el estado tendría responsabilidad ante un caso en donde no se observe el interés general. El asunto del que deriva la tesis trata de un edificio con permisos cuestionables de construcción, pero también hay otro donde se condena a CONAGUA a pagar indemnizaciones porque debido a su omisión se inundó un municipio en el Estado de México; Xalapa se inunda no menos de 3 veces al año.

Estamos así en la antesala de que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, podamos judicializar la deficiente conducción del gobierno, ya sea por acción u omisión, ya no hablamos de persecución de delitos que teóricamente hacen las fiscalías, sino de que hagan bien en tiempo, espacio, con ética y observando el interés general; vienen a mi mente infinidad de casos que podrían reclamárseles, imaginar que se pueda llevar a juicio esto sonaba utópico, sueño guajiro, ahora es una posibilidad real fuera de los sistemas de fiscalización actual (que dejan mucho que desear).

Surgen ahora -como lo apunta mi amigo y maestro el Dr. Miguel López Olvera- una nueva obligación para los tres poderes tradicionales y para los tres niveles de gobierno, de reconocer expresamente el derecho humano a una buena Administración Pública, a los legislativos de revisar todas las leyes e incorporarlo y principalmente a las administraciones públicas gestionar los respectivos procedimientos y trámites administrativos con una perspectiva de derechos humanos, so posibilidad de que abogados empiecen la andanada de juicios en su contra.

Es decir, la autoridad -sea quien sea- debe siempre observar el interés general pensando en el ciudadano como centro, gobernar con la pluralidad que existe en el espacio público (no todos somos aplaudidores de las mismas causas), sin que los ciudadanos vivamos con temor, porque al final del día el propietario de la política y sus instituciones es el pueblo soberano y los políticos funcionarios deberían comprenderlo administrando al servicio de todos, cuando se hace lo contrario, ya la historia nos ha enseñado que sucede…

*Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac, abogado.