Imputa FGR a 17 ex funcionarios penitenciarios por sobrecostos de más de 62 mil mdp en 8 prisiones

De 21 indiciados, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó ayer a 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal por el presunto sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en ocho reclusorios de alta seguridad.

Tres de ellos son responsabilizados de presunta asociación delictuosa.

Después de siete meses y tres audiencias, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero les imputó responsabilidad sobre irregularidades detectadas en las licitaciones para la construcción y administración por empresas privadas de los reclusorios federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, para los cuales, según la FGR, se pagaron sobreprecios.

En marzo de 2021, en este mismo proceso, se libró una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública federal en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

Durante una audiencia virtual que se llevó a cabo este lunes ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, participaron sólo 17 de los 21 acusados, ya que Jannet Miriam Martínez Sánchez notificó que tiene Covid-19 y que sus abogados estaban también contagiados.

En el caso del ex director administrativo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Javier Haro de Alva, fue declarado inimputable. Sus abogados notificaron que su cliente estaba sujeto a un proceso de interdicción, es decir presentaron un dictamen de que es impedido para tomar decisiones legales por sí mismo, debido a una condición física o mental.

El Ministerio Público federal acusó a los funcionarios del sistema penitenciario de seguir con el esquema que creó Genaro García Luna, a quien le atribuyen el daño económico al patrimonio, aunque los ex servidores públicos mantuvieron ese esquema y en él se detectaron irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de los ocho Centros Federales de Readaptación Social que costaron 270 mil millones de pesos al erario.

Durante la audiencia, Óscar Moreno Villatoro, ex director general de Administración del OADPRS, junto con dos acusados, solicitaron la palabra y rechazaron las imputaciones en su contra. Otros cuatro manifestaron que los delitos de que se les acusa estaban prescritos y le pidieron al juez que analizara esta situación, no obstante, el impartidor de justicia respondió que eso sólo podría determinarlo hasta que se desahogaran las pruebas. La audiencia continuará este martes a las 10 de la mañana.

Entre los señalados como posibles responsables está Celina Oseguera Parra, quien era directora del penal de Almoloya de Juárez durante la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2015. También el general Sergio Alberto Martínez Castuera, ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, que fue coordinador de prisiones federales.