Aclara PRI que quiere una GN civil y que se apegue al marco constitucional

NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, 16AGOSTO2022.- Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, en compañía del subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Berdeja encabezaron el pase de revista y la presentación del cuerpo de Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Campo Militar No-1. Entre las actividades en que participará el personas son: Apoyo a las autoridades ministeriales para el cumplimiento de órdenes de detención y técnicas de investigación; Operaciones de reacción inmediata en zona urbanas; Traslados de alta peligrosidad; Operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada, así como Seguridad en eventos especiales, reuniones de alto nivel, eventos diplomáticos, deportivos y culturales de carácter nacional, por mencionar algunos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
  • Rechaza la militarización del país
  • PAN, PRD y MC alertaron que México vive una grave crisis de inseguridad

Arturo García Caudillo, Agencia Libertad ANI (México 14 de septiembre).- Los diputados priistas no soportaron que los llamaran un nuevo satélite de Morena en la Cámara de Diputados y de que la dirigencia del PRI este al servicio del Presidente, por lo que la legisladora Yolanda de la Torre Valdez destacó que su grupo parlamentario rechaza la militarización del país.

Aclaró que “queremos una Guardia Nacional civil; por ello, la iniciativa respeta íntegramente la naturaleza, el diseño y la jerarquía de mando constitucional de la Guardia Nacional civil, deja intacto, íntegro e incólume el artículo 21 constitucional. Esto no es político, sino para garantizar la seguridad de las familias mexicanas”.

Para apoyar a su compañera, el diputado Carlos Iriarte Mercado, dijo que es responsabilidad de la Cámara de Diputados tomar decisiones en un tema que exige diseño, estrategia, seguimiento y entendimiento para dar a las instituciones capacidad de acción y corrección en un proceso que requiere de la evaluación y seguimiento permanente.

“Estamos ciertos que esta iniciativa nos compromete a tomar un papel más activo que aporte y acompañe”, aseveró.

El sistema de seguridad pública, agregó, tiene que estar soportado en la concurrencia y coincidencia de esfuerzos municipales, estatales y federales; esta es nuestra convicción y la defenderemos en la discusión del presupuesto en el que insistiremos en este sistema de seguridad pública. “Las y los diputados del PRI seguiremos atentos para que estas tareas extraordinarias de las Fuerzas Armadas sigan siendo desarrolladas correctamente, reguladas y fiscalizadas”.

A su vez, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco señaló que México no sólo tiene una grave crisis de inseguridad y violencia, sino también de institucionalidad e ingobernabilidad.

“La bancada naranja está en contra del dictamen, porque el Ejecutivo insiste en imponer acciones metaconstitucionales; el Ejército y la Marina no son instituciones que deban usarse a capricho para subsanar deficiencias e incapacidad gubernamental, y la reforma constitucional es producto de un pacto vergonzante y mezquino”.

Por su parte, la diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz refirió que la historia ha demostrado que la seguridad y dignidad de las y los mexicanos no puede someterse a un régimen militar y menos supeditarse a un marco jurídico que desvirtúe la naturaleza de la milicia.

Subrayó que militarizar la seguridad pública es una amenaza contra los derechos humanos. “Vamos a votar en contra de esta reforma inmoral, vamos a agotar todos los recursos para impedirla”.

En representación de MC, el diputado Jorge Álvarez Máynez dijo que esta iniciativa es una traición para la ciudadanía, pues hoy existen más personas detenidas en las cárceles por el punitivismo y la prisión preventiva; no obstante, hay más delincuentes en las calles y más fosas que nunca en la historia y “eso no lo pueden ocultar ni con su maquinaria de propaganda”.

A su vez, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, de MC, señaló que a la militarización pueden fijarle el plazo que quieran, pero mientras no se fortalezca a las policías no habrá forma de desmilitarizar al país. Ante ello, apuntó que esta reforma es un vil engaño, ya que contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales, dijo, establecen que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad deberá ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

En este mismo tenor, el panista Ricardo Villarreal García se expresó en contra por considerar que la iniciativa es inconstitucional; “decidieron defraudar la Constitución violando el artículo 21, entregándole el mando, la administración, la operación y el dinero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional de manera ilegal. Están viendo el tema con la mayor irresponsabilidad”.

A su vez la diputada de Acción Nacional Kathia Bolio Pinelo indicó: “No a la militarización, no a transgredir la Constitución”. Precisó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2019 “no se ha visto ninguna mejoría en lo que respecta a la seguridad del país” y lo que se pretende es prolongar el periodo en el que podrían participar las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública, es decir hasta el año 2029, de manera injustificada y sin garantizar el cumplimiento de los parámetros que se deben seguir.

El diputado del PAN Ignacio Loyola Vera afirmó que su bancada no está en contra del Ejército Mexicano y que el debate debe centrarse y dejar claro que el Ejército no está preparado para las funciones de prevención de seguridad. “Se está militarizando a la política nacional. Vamos a votar en contra porque es lo que la mayoría de las y los ciudadanos quieren; no estamos de acuerdo en prorrogar el plazo que no ha vencido, ya que el objetivo no es la seguridad sino político”.

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres argumentó que el dictamen carece de cualquier tipo de razonamiento y motivación sobre las condiciones de excepcionalidad de la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública, se limita a proponer la ampliación sin justificar la cantidad de años ni acreditar los requisitos o condiciones que deben cumplirse para que el presidente de la República continúe disponiendo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

El representante panista Santiago Torreblanca Engell, expresó que se busca un régimen transitorio para que paulinamente vayan regresando los militares a sus cuarteles en tanto van siendo sustituidos por la policía o Guardia Nacional civil, profesional y capacitada.

Planteó impulsar dos leyes: una transitoria, para que regresen los mandos militares a sus cuarteles sin dejar desamparada a la sociedad y otra que regule de manera extraordinaria, excepcional y fiscalizada la actuación de esas Fuerzas Armadas en casos de seguridad nacional.

La perredista Elizabeth Pérez Valdez resaltó que el hecho de tener al Ejército en las calles no asegura el cuidado de éstas, menos aun cuando tienen la indicación de no repeler ningún ataque con arma de fuego. Se pronunció en contra, y mencionó que su bancada es la voz de las víctimas de la delincuencia organizada y “conocemos la historia de este país y la represión que ha sufrido”.

El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores del PRD consideró que la discusión debe centrarse en resolver el problema de fondo, que es la estrategia de seguridad fallida, así como construir una verdadera que permita salir del problema de violencia y sangre en el que estamos inmersos. “No estamos de acuerdo con la militarización del país, respetamos a las Fuerzas Armadas, por ello no estamos de acuerdo en que se les siga exponiendo realizando labores de seguridad pública”.

Puntualizó que no se debe confundir la confianza que se le tiene al Ejército y a las Fuerzas Armadas con la nula estrategia de seguridad pública. “Estamos convencidos de que un verdadero plan nacional de seguridad sería la solución, hagámoslo en consenso, sin colores, sometámoslo a discusión, invitemos a expertos en seguridad, a soldados, a marinos, a mandos de la Guardia Nacional, a miembros de la extinta policía federal y a colectivos de búsqueda”.