Presenta Diputado propuesta para agilizar resolución de juicios laborales

  • Propone Ramón Díaz Ávila armonizar la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz con la Ley Federal del Trabajo.

Para evitar ambigüedades respecto a salarios vencidos y, al mismo tiempo, cumplir y garantizar los derechos laborales y el derecho a una justicia más ágil en materia laboral para los trabajadores, el diputado Ramón Díaz Ávila presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 45 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de armonizarlo con el Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y el 43 del mismo ordenamiento local.

En el texto de la propuesta, el legislador señala una contradicción los artículos 43 y 45 de la citada ley en relación con los juicios sobre los salarios vencidos promovidos por trabajadores que hayan sufrido despido.

Advierte que, mientras el 43 señala que el afectado “tendrá derecho al pago de salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses”, el 45 establece que serán “los salarios vencidos que se causen desde la fecha de separación hasta que se pague la indemnización”.

Es decir, mientras en el primero se señala el pago de salarios vencidos hasta por un periodo de un año, en el otro queda abierto hasta que se pague la indemnización. El Diputado considera en su iniciativa que los efectos de la duración de estos juicios, que en promedio se resuelven en un lapso de cuatro años, perjudican a ambas partes, tanto al trabajador como a la entidad pública.

Ramón Díaz Ávila explica que su propuesta busca el establecimiento de un límite a la generación de salarios vencidos, combatir la indebida práctica de prolongar a través de argucias legales la duración de los juicios laborales, concientizar a las partes involucradas en el litigio a dirimir en un corto plazo, a través de la vía de conciliación, y desahogar futuras controversias laborales.

“Con esta reforma, contribuiríamos a dar una mayor agilidad y resolución en las demandas, ya que al establecerse el pago máximo de doce meses desde el momento de la separación del trabajador, generaría una posición equilibrada que motivaría a las partes poner fin de manera pronta al procedimiento”, señala el legislador.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.