El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que el juez Samuel Ventura Ramos será denunciado penalmente por dictar sentencias de absolución a 120 personas vinculadas a delitos en perjuicio de los normalistas de Ayotzinapa, cometidos en Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
El funcionario federal enfatizó que recurrentemente este juez argumenta cuestiones de debido proceso (para absolver), que en nuestra opinión no han sido debido proceso, sino debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública dijo ayer que las autoridades también presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de Ventura Ramos, que es titular del juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Matamoros, Tamaulipas.
El 20 de septiembre este togado dictó sentencia absolutoria en favor de 24 imputados más por el caso Iguala, con lo que suman 120 sentencias similares. Entre los personajes a los que ha dejado sin responsabilidad por la desaparición de los 43 normalistas está el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.
Mejía Berdeja detalló que a los 24 señalados se les dictó sentencia absolutoria por homicidio calificado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa contra Aldo Gutiérrez, estudiante de la normal de Ayotzinapa que se encuentra en estado vegetativo debido a las heridas que sufrió el día de los hechos.
Aclaró que los 24 absueltos recientemente no obtendrán su libertad, pues están aprehendidos también por otras causas penales ligadas al caso Ayotzinapa, como delincuencia organizada y desaparición forzada, que están en proceso de resolverse.
“No es la primera vez que este juez absuelve. En días pasados hizo lo propio con Abarca por el delito de secuestro, pero sigue en prisión por otros ilícitos. En total suman 120 libertades absolutorias por este juez en favor de los acusados (…) Se va proceder en consecuencia” para que sea investigado por su actuación.
Por su parte, el presidente López Obrador reconoció que esclarecer el caso Ayotzinapa ha costado mucho trabajo a su administración y es uno de los dos compromisos, de 100, que no ha podido cumplir.
“Todavía no concluimos lo de esclarecer el asunto de Ayotzinapa, y se está avanzando contra viento y marea. Acabamos de ver la actitud de un juez y otras actuaciones para que no se llegue a conocer la verdad”, apuntó el mandatario.
El Presidente puntualizó que este caso se divide en dos vertientes: “Primero, el horrendo crimen que se comete y participan policías y autoridades locales, estatales y elementos del Ejército, de acuerdo al informe de la comisión (presidencial para esclarecer los hechos), la detención y desaparición de los jóvenes, días de terror. Y luego viene otro momento, cuando deciden encubrir y falsificar los hechos, lo que han llamado ‘la verdad histórica’, y ese es un periodo de torturas, de desaparecer pruebas, de complicidades”.
AMPARAN A EXPROCURADOR MURILLO
Por otra parte, la jueza Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz otorgó a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, un beneficio jurídico que impide temporalmente que el proceso penal en su contra llegue a la etapa de juicio, con lo cual entra en análisis la validez del auto de vinculación a proceso del pasado 24 de agosto.
A través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juzgado 16 de distrito en materia de amparo otorgó una suspensión provisional en favor de Murillo Karam.
El recurso no implica de inmediato la liberación del ex procurador, pero los abogados promovieron otro juicio con el que buscan cambiar la medida cautelar de prisión justificada por prisión domiciliaria o libertad condicional.
El juicio de amparo 77/2022 impugna el auto de vinculación a proceso a Murillo Karam por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada.
Ahora la suspensión provisional permitirá que la impartidora de justicia considere si concede la suspensión definitiva y entra luego a analizar si estuvo apegada a derecho la decisión del juez Marco Antonio Fuerte Tapia de llevar a juicio a Murillo Karam.
El 11 de octubre se definirá si la jueza concede la suspensión definitiva.
El acuerdo judicial establece que se notificará “a la autoridad jurisdiccional responsable que deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso”.
En este caso tal autoridad es el juez Marco Antonio Fuerte Tapia.
Se requiere al juzgador que vinculó a proceso a Murillo Karam, quien se encuentra en el Reclusorio Norte, “que informe quién es el agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de 24 de agosto de 2022, donde emana el acto reclamado”.
Murillo Karam fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tener responsabilidad en actos de tortura cometidos contra implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, haber incurrido en omisiones que afectaron la búsqueda de los estudiantes y haber construido lo que se conoce como la “verdad histórica”, con una consecuente obstrucción a la procuración de justicia, porque supuestamente en su gestión no se indagaron todas las hipótesis del caso.
Con información del diario LA JORNADA
