Pide oposición a diputado Gutiérrez Luna impugnar ante la SCJN inconstitucionalidad de decretazo de AMLO

Con la representación de 200 diputados, las bancadas del PAN, PRI y PRD, que integran la alianza Va por México, solicitaron al legislador veracruzano Sergio Gutiérrez Luna que como presidente de la Cámara baja del Congreso de la Unión presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el llamado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador que declara de interés público y seguridad nacional las obras públicas federales.

Los coordinadores de los tres grupos legislativos de oposición hicieron la solicitud formal por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados promueva la controversia constitucional contra este acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre de 2021, y con el cual, el gobierno federal pretende catalogar a las obras públicas como asuntos de interés público y de seguridad nacional.

Los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, argumentaron que al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal asociados a infraestructura, se viola la Constitución y crea excepciones a la Ley.

Los legisladores de oposición señalaron que el decreto gubernamental instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales, de manera “fast track”, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México.

Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas.

Los coordinadores consideran que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.

Mediante un comunicado señalaron que las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional.

La Alianza Va Por México advirtió que el decreto del Ejecutivo federal vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental.