Por malos manejos que ascenderían a 10 mmdp, Segalmex será la más auditada de todo el aparato del gobierno federal


Banner-970-250

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizará 57 actos de fiscalización, entre auditorías y revisiones, a Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) y sus empresas Liconsa y Diconsa para verificar si se han cumplido las recomendaciones emitidas en los dos años anteriores, cuando se detectó una trama de corrupción que ascendería a 10 mil millones de pesos, aproximadamente.

El diario LA JORNADA publica en su edición de este domingo que en el Plan Anual de Fiscalización, la SFP tiene programadas 2 mil 846 auditorías y 945 revisiones de seguimiento a todo el aparato del gobierno federal, “privilegiando la supervisión de las áreas que representan mayores riesgos de vulnerar la probidad”.

El diario capitalino destaca que un número particularmente alto de esas revisiones se verificará en Segalmex, empresa que hasta el 19 de abril pasado dirigía Ignacio Ovalle Fernández, quien dejó el puesto tras un ajuste ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la SFP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentaron posibles daños millonarios al erario que han derivado en denuncias penales.

Actualmente, Ovalle Fernández es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación. En Segalmex fue sustituido por Leonel Cota Montaño, ex gobernador perredista de Baja California entre 1999 y 2005 y quien hasta a mediados de abril se venía desempeñando como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El plan fiscalizador se integra con actividades a cargo de los órganos internos de control y de oficinas centrales.

Su formación “privilegia los actos que se enfocan en las áreas de mayor riesgo de corrupción, como las contrataciones públicas, y tiene un enfoque preventivo, con el fin de fortalecer la eficiencia y la eficacia en el servicio público”, de acuerdo con la Función Pública.

Entre las auditorías que practica a Segalmex una revisará sus estados financieros, otra para verificar la operación del programa de precios de garantía a productos básicos, así como comprobaciones de aplicación de las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en años anteriores.

En Liconsa, la Función Pública revisa, entre otros aspectos, la administración de almacenes e inventarios, los estados financieros y el control del padrón de beneficiarios del Abasto Social de Leche.

En Diconsa se supervisan, con un enfoque de combate a la corrupción, las adquisiciones de distintos programas, como el de abasto rural, y la contratación de servicios, además de que se analizan los estados financieros.

La Secretaría de la Función Pública detectó las irregularidades anteriores en la utilización de recursos para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, por lo que a principios del año en curso el gobierno federal anunció que tres altos funcionarios de Segalmex fueron destituidos, luego de que se comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción, los cuales fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República.

Tan solo en 2020, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación determinaron que Segalmex y sus empresas deben aclarar el destino de 8 mil 636 millones de pesos, incluidos 5 mil 640 millones de pesos destinados a contratos no justificados, así como pagos de pesticidas, de maíz o frijol sin actas de entrega-recepción, o diferencias entre los registros contables y los inventarios en almacenes.