Por supuesto problema de salud, ex administradora del PJE evadió comparecer en Juzgado de Pacho Viejo


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La Fiscalía General del Estado (FGE) inició un proceso judicial contra Joana Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración del Poder Judicial del Estado (PJE), en relación con una denuncia por la presunta contratación de empresas fantasma, desvío de recursos, corrupción, e incumplimiento de un deber legal.

Este miércoles 24 de abril Joana Bautista Flores fue citada a comparecer ante un juez local para ser imputada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de incumplimiento de un deber legal, caso que podría involucrar a otros exfuncionarios del PJE y que involucra a cinco empresas y a un proveedor irregular contratado directamente por Bautista Flores para el presunto desvío de recursos.

La audiencia contra la ex servidora pública forma parte del proceso penal 448/2024 y deriva de una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la FGE. La audiencia de imputación estaba programada para las 15:00 horas de ayer miércoles 24 de abril en los juzgados de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Sin embargo, la audiencia ministerial fue cancelada porque la ex funcionaria judicial indiciada no se presentó al pretextar un problema de salud mediante una constancia médica que de última hora presentaron sus abogados.

La audiencia fue programada en el marco de la investigación 144/2023 por el delito de incumplimiento de un deber legal.

Manuela Saldaña Ríos, quien fungió como subdirectora de Recursos Financieros del PJEV, también fue citada a comparecer. Al igual que Bautista Flores, designó a sus asesores jurídicos para representarla en la audiencia y también presentó un “justificante médico” para no asistir a los juzgados ubicado en Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

Se espera que la audiencia sea reprogramada para los próximos días.

Bautista Flores está denunciada por actos de corrupción, saqueo, desvío de recursos, empresas fantasmas, enriquecimiento ilícito e inexplicable, e incumplimiento de un deber legal.

La denuncia, presentada el 9 de febrero por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, involucra delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.

Hay que destacar que se detectaron presuntos desvíos por 50 millones de pesos en el primer semestre de 2023.

Los exfuncionarios señalados en la denuncia son Joana Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración; Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, ambos exjefes del Departamento de Servicios Generales.

Estos exfuncionarios son señalados por contratar presuntas empresas fachada. Una auditoría aplicada al primer semestre de 2023 reveló que no existían elementos suficientes para garantizar que estas empresas operaban conforme a las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos.

Según la denuncia del Poder Judicial del Estado, el gasto público destinado a estas supuestas comercializadoras asciende a 47 millones 448 mil 701 pesos.

Entre las empresas con inconsistencias se encuentran PROVEEDURÍA Y SERVICIOS CAFHA, S.A. DE C.V., CRISAN TECNOLOGÍAS MÓVILES S.A. de R.L. de C.V., CISA CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL S.A. de C. V. y ALECASSER COMERCIALIZADORA S.A.S.

Además, se detectaron irregularidades en la contratación de Edgar Omar Simbrón Ortega para el arrendamiento de fotocopiado por 6 millones 273 mil 396 pesos.

La actual presidenta del Poder Judicial señaló que hay cuatro denuncias por actos de corrupción, cometidos en el periodo que Joana Bautista fue administradora de dicho organismo.

Jiménez Aguirre refirió que dichas denuncias están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial. Entre los posibles actos constitutivos de delito, destaca la probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las cuales el Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos.

De acuerdo con la también presidenta del Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde octubre de 2023 ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM) y serán las autoridades encargadas de procurar justicia quienes delimiten responsabilidades.

Además, en marzo de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar una observación por el probable mal manejo de 82 millones de pesos detectados en la cuenta pública de 2021. Lo anterior, cuando Joana Marlen Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura.