Reforma energética debe contemplar la opinión de los consumidores: UV

24 de abril de 2024 05:13
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  • La comunidad universitaria tuvo una importante participación en el Foro “Iniciativa de reforma energética: encuentro de perspectivas”.

Paola Cortés Pérez / Fotos: Omar Portilla Palacios

El Foro “Iniciativa de reforma energética: encuentro de perspectivas” registró una importante participación de la comunidad de la Universidad Veracruzana (UV), que mostró interés sobre los derechos de los consumidores del servicio eléctrico, el papel de las energías renovables y el impacto ambiental, entre otros.

El debate se realizó la tarde del jueves 27 de enero a través de la plataforma digital ZoomUV, con transmisión a todas las regiones universitarias por el sistema de videoconferencias de la Universidad, el canal de YouTube y perfil de Facebook del Departamento de Medios Audiovisuales (TeleUV).

El año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y recursos naturales.

El rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, opinó que no se trata de una simple corrección o retoque a una legislación estrecha, sino que implica cambios decisivos en el sector energético del país, en especial en la reconfiguración de la industria eléctrica en los próximos años; por ello es importante discutir, exponer sus implicaciones en todas las esferas de la vida nacional y enriquecerla con ideas, visiones, argumentos y conocimientos.

Por tal motivo, esta casa de estudios convocó y organizó el foro en que el participaron expertos en el sector eléctrico del país: José Manuel Muñoz Villalobos, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía; Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM; Ángel Balderas Puga, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Marco Antonio de la Peña Sánchez, de la Barra Mexicana de Abogados.

La comunidad universitaria se mostró muy participativa ante el tema puesto a debate por la Universidad; por ejemplo, en la región Poza Rica-Tuxpan preguntaron sobre los impactos (positivos y negativos) directos que tendrá la reforma en los consumidores promedio.

También quisieron saber si la iniciativa sienta las bases para cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el número siete, referente a la “Energía asequible y no contaminante”, el 11 sobre “Ciudades y comunidades sostenibles” y el 13 “Acción por el clima”.

Se preocuparon por conocer hasta qué año la generación de energía eléctrica dependerá de los recursos renovables.

Mientras que en la región Veracruz las dudas fueron acerca de cómo reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); si la iniciativa presidencial generará problemas legales y atrasos técnicos en la política energética; el incremento en el costo del servicio y el uso de otro tipo de energía, como la nuclear.

En la región Orizaba-Córdoba, los universitarios coincidieron con los panelistas al expresar que la reforma energética es un tema de trascendencia nacional.

Cuestionaron sobre el papel que deben tener las universidades en este debate nacional, así como los derechos y obligaciones de los consumidores.

“Nos transmitieron una visión más amplia sobre la iniciativa de reforma energética, aunque me quedo consternado al saber que se eliminaron los criterios de equidad social, de sustentabilidad y de desarrollo industrial”, expresó Francisco Nieves, académico de la región.

Los universitarios expresaron sus dudas e interactuaron con los panelistas

Generación de energía 

El presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía, José Manuel Muñoz, lamentó que sean diversos los temas urgentes en materia energética que no son abordados por la iniciativa presidencial.

En su participación intitulada “Políticas para la presentación del servicio público de electricidad” señaló los temas trascendentales, los cuales deben ser abordados de manera rápida y contundente: satisfacción y capacidad de generación para el servicio público, a través de las energías renovables y la energía nuclear; ampliación del sistema de transmisión y de las redes generales de distribución, y el combate al cambio climático.

“Un tema que no debe dejarse de lado es el derecho de los consumidores, hablamos de grandes refinerías, de plantas, de las tarifas, etcétera, pero no pensamos en los millones de consumidores”.

 Disputa por el sistema eléctrico 

El académico Ángel Balderas, en su intervención que tituló “La disputa por el sistema eléctrico nacional”, señaló que el asunto de la iniciativa de reforma es multifactorial, esto es, debe estudiarse desde el punto de vista jurídico, social, económico y financiero.

“La nacionalización de la industria eléctrica en México se da porque a las compañías privadas que mantenían el control de la generación de la energía no les interesaba llevar el servicio a las zonas marginadas, lo que sí hizo CFE.”

Advirtió que se tiene un grave problema de dependencia energética del exterior, lo que coloca al país en una situación muy delicada, que se agravó con la reforma energética aprobada en 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Desde ese año, México ha destinado 471 mil millones de pesos para subsidiar empresas privadas, principalmente extranjeras, lo que pone en juego la soberanía energética, la seguridad nacional en el mediano y largo plazo.

“Es perfectamente legal, democrático y legítimo modificar leyes anteriores, para eso se hacen las elecciones.”

Por qué no a la reforma 

Francisco Barnés sostuvo que no existe un modelo de sistema eléctrico único y perfecto, en la mayoría de ellos coexisten dos esquemas: un servicio público (suministro básico) y un mercado libre en el que participa el sector privado, que atiende las demandas y necesidades de los grandes consumidores.

En su plática “Por qué no a la reforma constitucional”, aseguro que en todo sistema coexiste un gran número de intereses encontrados y que es necesario conciliar: los de la hacienda pública, de la empresa encargada del suministro básico, de los inversionistas privados y de los millones de usuarios.

Enumeró 10 razones por las que no debe aprobarse la reforma: cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a CFE; a los inversionistas existentes se les impone un cambio radical en su modelo de negocio; cancela todos los permisos de generación y los contratos por la CFE con el sector privado; cancela los derechos de los socios de más de 300 centrales.

Eleva a rango constitucional un injustificado y arbitrario límite a la participación del sector privado en generación; se modifican arbitrariamente las reglas de despacho económico; pone en jaque a las finanzas públicas del país; será imposible cumplir con las obligaciones legales y los compromisos internacionales asumidos en términos de energías limpias; otorga a la CFE plena autonomía para autorregularse y para regular a los demás participantes, y se restringe la participación del sector privado en el sector eléctrico.

“Regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace 60 años y dejarlo firmemente amarrado en el marco constitucional, sería un gravísimo error de consecuencias incalculables.”

 Perspectiva jurídica 

Marco Antonio de la Peña abordó la reforma energética desde el punto de vista jurídico; comentó que se trata de un debate añejo entre un modelo abierto y un modelo cerrado, de una mayor intervención del Estado por seguridad energética y nacional.

La reflexión, apuntó, es cómo llegar a los puntos de balance y equilibrio, que desde lo constitucional y legal representan un reto.

El constituyente tiene que hacer una ponderación de los valores que están en juego, como la estabilidad del sistema eléctrico, los derechos económicos, los derechos humanos de los consumidores, el derecho a la competencia y libre acceso, entre otros.

Antes de ser votada y aprobada, recomendó considerar lo siguiente: revisar el contenido de la reforma bajo un criterio de conformidad con las garantías individuales y sociales, así como con los principios de progresividad y no regresión en la protección de los derechos humanos y en el cumplimiento de los compromisos ambientales y comerciales adquiridos en tratados internacionales.

Finalmente, propuso que es necesario definir una política pública que se refleje en un modelo constitucional y legal que garantice equilibrio y balance de los distintos actores del sector; reglas claras y generales para todos; autonomía técnica de los reguladores y del operador; incorporación de variables ambientales en el texto constitucional y una transición energética, y un esquema y plazos de transición razonables para implementar las decisiones de política pública que permitan una adecuada prestación del servicio eléctrico nacional.