Enrique Alfonso Díaz Vega, quien de 2021 a 2024 se desempeñó como Secretario de Finanzas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregó este viernes a las autoridades de Estados Unidos.
Díaz Vega pasó de los círculos empresariales de Culiacán al centro de una de las mayores crisis políticas y judiciales que enfrenta Sinaloa, luego que autoridades de Estados Unidos lo colocaran como presunto enlace financiero y político entre el Gobierno de Rubén Rocha Moya y la facción de “Los Chapitos”.
Contador de profesión, empresario inmobiliario y ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, construyó durante años una red empresarial ligada al sector inmobiliario, automotriz y comercial, antes de convertirse en uno de los hombres de mayor confianza del Gobernador morenista.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo incluyó dentro de la acusación presentada contra Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, señalándolo de presuntamente coordinar operaciones financieras, facilitar nombramientos y servir como enlace con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los expedientes estadounidenses, habría participado en reuniones y acuerdos políticos ligados a “Los Chapitos”, además de operar movimientos de dinero relacionados con sobornos y protección institucional.
Enrique Díaz Vega nació en Sinaloa y actualmente tiene 50 años, según documentos y reportes difundidos tras la acusación estadounidense.
Es licenciado en Contabilidad y durante casi dos décadas se desempeñó como directivo y socio de diversas empresas privadas antes de incorporarse al servicio público.
Su llegada formal al gabinete de Rubén Rocha ocurrió en noviembre de 2021, cuando asumió la Secretaría de Administración y Finanzas, una de las posiciones más sensibles del Gobierno estatal por el control del presupuesto, contratos y flujo financiero.
Dentro del gabinete era considerado el «hombre de los dineros» de Rocha Moya.
Antes de ingresar al Gobierno estatal ya era conocido en el sector empresarial de Culiacán por su participación en desarrollos inmobiliarios y empresas ligadas a la construcción, venta de vehículos y agroindustria.
Registros mercantiles lo ubican como socio o accionista en al menos diez compañías, entre ellas Housesin Desarrollos, Cashforcars, Urbaland, Olympo Farms, Innova Construcciones del Pacífico y Comercial Digax.
Uno de los vínculos empresariales más comentados fue el que sostuvo con integrantes de la familia Gaxiola Coppel, con quienes compartió sociedades comerciales y negocios inmobiliarios.
La evolución patrimonial del entonces funcionario comenzó a llamar la atención desde 2023 y 2024.
Investigaciones revelaron que Díaz Vega acumuló decenas de propiedades, vehículos de lujo y participaciones empresariales mientras ocupaba el cargo público.
De acuerdo con reportes en Sinaloa llegó a declarar hasta 45 propiedades entre terrenos, casas, departamentos y locales comerciales.
Parte importante de esas adquisiciones, habría sido realizada de contado.
Ya con Rocha, Díaz Vega reportaba 24 propiedades valuadas en alrededor de 70 millones de pesos, patrimonio que posteriormente creció hasta superar los 130 millones de pesos en bienes inmuebles.
El mismo reporte señala que gran parte de su expansión económica ocurrió después de asumir la Secretaría de Finanzas.
La crisis estalló a finales de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con “Los Chapitos”.
En el caso de Díaz Vega, las autoridades estadounidenses lo señalan por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración relacionada con armas de alto poder.
Las imputaciones podrían derivar en penas de cadena perpetua y mínimos obligatorios de 40 años de prisión en Estados Unidos.
Además, las pesquisas indican que habría facilitado información sobre adversarios políticos para intimidarlos durante el proceso electoral de 2021, así como promovido el nombramiento de funcionarios presuntamente ligados al grupo criminal.
La acusación estadounidense sostiene que Rocha Moya llegó al poder con apoyo de “Los Chapitos” y posteriormente permitió que la organización criminal operara con protección política y policial.
Aunque oficialmente dejó el cargo el 30 de septiembre de 2024, su salida ocurrió en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio y señalamientos políticos crecientes.
Rocha Moya aseguró entonces que el relevo obedecía al cierre del sexenio federal de Andrés Manuel López Obrador y a ajustes administrativos.
Sin embargo, la salida de Díaz Vega fue interpretada en Sinaloa como un movimiento para despresurizar las críticas alrededor de la Secretaría de Finanzas.
Tras abandonar el Gobierno estatal, regresó parcialmente a sus actividades empresariales, mientras el cerco judicial en Estados Unidos avanzaba contra integrantes del círculo cercano del Gobernador sinaloense.
Hoy, Enrique Díaz Vega, quien aparece como uno de los personajes clave dentro de la investigación estadounidense que sostiene que el Gobierno de Sinaloa operó, durante años, bajo influencia y protección del Cártel de Sinaloa, se entregó al Gobierno de Donald Trump.
Con información del diario REFORMA