Veracruz, Ver., 13 de diciembre de 2025.– Antonio del Río Argudín, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el puerto de Veracruz, enfrenta una segunda orden de aprehensión, ahora por el delito de secuestro, la cual se suma a las imputaciones por amenazas de muerte y tentativa de homicidio que lo mantienen recluido desde el pasado 10 de octubre.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la nueva orden fue cumplimentada por el presunto secuestro cometido el 26 de diciembre de 2020, en la colonia Las Bajadas, ubicada al poniente del puerto de Veracruz. Pese a que Del Río Argudín ya se encontraba privado de la libertad, el juez de control determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con el reporte policíaco, los hechos ocurrieron en un establecimiento de la citada colonia, donde el exdirigente perredista, en compañía de dos personas más, habría privado de la libertad a Héctor L.S. durante varias horas al interior de un vehículo de su propiedad, desde donde presuntamente exigió dinero a cambio de su liberación.
Las investigaciones en contra del excandidato a diputado se intensificaron tras la difusión, el pasado 1 de octubre, de un video en redes sociales en el que Edna “N” lo señaló públicamente y solicitó protección a la FGE, luego de recibir amenazas de muerte derivadas de un conflicto vecinal en el fraccionamiento Residencial del Bosque.
En su testimonio, la denunciante relató que Del Río Argudín acudió a su domicilio para reclamarle por la colocación de unas macetas en la vía pública, las cuales impedían el paso de vehículos de carga. Durante la discusión, el político presuntamente se tornó violento, la amenazó de muerte y aseguró contar con influencias políticas.
“Me amenazó con arma de fuego afuera de mi domicilio y tengo mucho temor porque se puso muy violento”, declaró Edna “N”. En las imágenes difundidas, se observa a Del Río Argudín presuntamente apuntando con un arma de fuego, desde el interior de su camioneta, hacia la mujer, otra persona adulta mayor y un menor de edad.
Las autoridades continúan con el proceso legal en su contra, mientras se determina su situación jurídica por los distintos delitos que se le imputan.
