Vaya brete en el que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que ahora encabeza la magistrada con licencia Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, metió al gobierno de Rocío Nahle al imputarle al reportero de nota roja de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, (a) “Lafita León”, el delito de “terrorismo”, entre otros. ¿A poco ya no recuerdan que hace casi tres semanas la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que rectificar su postura inicial sobre un caso realmente grave: la explosión de un vehículo que causó la muerte de cinco personas y dejó a siete heridas en el municipio de Coahuayana, Michoacán, y que la dependencia federal aclaró que la investigación se centraba en el delito de Delincuencia Organizada, y no en “terrorismo”, como se había informado previamente? La titular de la FGR, Ernestina Godoy, confirmó la corrección, señalando que la carpeta de investigación fue abierta por el delito de delincuencia organizada y precisó que se estaba trabajando en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Guardia Nacional (GN). La confusión se originó cuando un comunicado oficial de la FGR informó que la pesquisa se iniciaría por el delito de terrorismo. Fuentes federales precisaron que el caso fue atraído inmediatamente por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, que a su vez está adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). El pretexto fue que esta vinculación interna había generado la redacción imprecisa en la primera versión pública. Sin embargo, otras versiones referían que el concepto “terrorista” podía servir de pretexto para que el gobierno estadounidense de Donald Trump se entrometiera en los asuntos internos de nuestro país. ¿Cómo tildar entonces de “terrorista” al reportero sureño? ¡Se les pasó la mano!
