Tras el cierre de una huelga histórica en Cananea, autoridades federales y estatales presentaron un plan integral para atender los daños ambientales y sociales derivados del derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora en 2014, así como para resarcir las afectaciones a trabajadores mineros perjudicados por Grupo México desde 2007.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el Plan de Justicia en Cananea responde a demandas sociales acumuladas durante años y tiene como objetivo principal reparar los impactos al medio ambiente y a la salud de la población. La funcionaria recordó que el derrame ocurrido hace más de una década provocó severas afectaciones ecológicas y sanitarias en la región.
Detalló que el plan comenzó operaciones en febrero de 2025, a partir de un diagnóstico integral orientado a retomar las exigencias de las comunidades afectadas y fortalecer las acciones de restauración ambiental, saneamiento del agua y mejora de los servicios de salud en la zona del Río Sonora.
“Inició el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora en los servicios de salud en la zona del Río Sonora”, subrayó la titular de la Secretaría de Gobernación.
Como parte del esquema de implementación, se estableció un financiamiento tripartita entre la empresa responsable y los distintos niveles de gobierno. De acuerdo con lo informado, Grupo México aportará el 70 por ciento de los recursos, el Gobierno Federal el 22 por ciento y el Gobierno de Sonora el 8 por ciento.
La inversión total asciende a 2 mil 222 millones 622 mil 432 pesos, de los cuales mil 500 millones serán cubiertos por Grupo México; 483 millones 622 mil 432 pesos por el Gobierno Federal; 180 millones de pesos por el Gobierno de Sonora, además de 59 millones de pesos correspondientes a depósitos realizados por la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019.
Las autoridades señalaron que estos recursos serán destinados a acciones de reparación ambiental, atención médica y medidas de justicia social para las comunidades y trabajadores afectados, lo que representa un paso relevante en la búsqueda de soluciones de fondo a uno de los conflictos ambientales y laborales más emblemáticos del país.
Con información de Infobae.
