Punto de Vista
* “Terrorismo”, el viejo truco
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Se lo he dicho en varias ocasiones a Héctor Yunes: “tú, como ningún otro, estás disfrutando esta etapa de tu carrera política”. *** Y es que se ve que goza exhibiendo las torpezas de diputados que se atreven a hablar porque saben que cualquier tontería que digan o que propongan, será aprobado por la aplastante mayoría del partido en el poder. *** Esta semana, en vísperas del fin de año y a propósito de los juegos vinculados al “Día de los Inocentes”, Héctor Yunes Landa simuló un pleito a gritos con un comunicador del puerto de Veracruz. *** Las redes “estallaron”. Las plumas al servicio del poder “se dieron vuelo” criticando el carácter violento del legislador, pero este domingo, justo el Día de los Inocentes, político y comunicador subieron un video en el que, muertos de risa, confiesan que todo fue actuado. *** El ejercicio sirvió para confirmar cómo opera la maquinaria del gobierno para atacar a sus enemigos políticos. Lástima que en esta ocasión no les funcionó. La única recomendación al joven Rodrigo Crosa, es que vaya gestionando su respectivo amparo. Con eso de que está “de oferta” la etiqueta de terrorista no vaya a ser que la Fiscal quiera aprovechar el viaje.
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Es una vieja sentencia muy conocida: “quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”.
Viene a cuento por el nuevo lío en el que se metió la gobernadora Rocío Nahle: la detención de un reportero de Coatzacoalcos (su zona de mayor influencia), acusado, entre otras “lindezas” de terrorismo.
La historia a la que nos referimos no es tan lejana.
El 26 de agosto de 2011 Maruchi Bravo Pagola, dedicada a la publicación de sucesos a través de Twitter, y Gilberto Martínez Vera, fueron detenidos por la Policía Judicial del Estado en sus domicilios, señalados de que el 25 de agosto -o sea: un día antes- difundieron en redes sociales rumores de supuestos ataques contra escuelas locales, por parte de bandas delictivas, lo que provocó que muchos padres de familia llegaran a sacar a sus hijos y que varias escuelas cerraran de manera preventiva.
El gobierno del estado, que en ese entonces encabezaba Javier Duarte de Ochoa, culpó del pánico a la rápida difusión de información falsa y acusó a Maruchi Bravo y a Gilberto Martínez Vera de divulgar la historia en Twitter y Facebook.
Ambos fueron acusados de terrorismo y sabotaje en apego al Código Penal del estado de Veracruz, justo el artículo 311, el mismo que le pretenden imponer al reportero Rafael León Segovia (Lafita León).
Fue casi un mes después -el 21 de septiembre- cuando Maruchi Bravo y Gilberto Martínez recuperaron su libertad, no porque un juez los haya considerado inocentes, sino porque el gobierno del estado (a través de la Procuraduría de Justicia, pues en ese entonces aún no se creaba la Fiscalía) retiró los cargos.
No tardó mucho la gobernadora Rocío Nahle en mostrar para qué quería a Lisbeth Aurelia Jiménez en la Fiscalía General del Estado (FGE). Ella será su brazo represor y su principal objetivo es la prensa crítica, pues -en opinión de la propia gobernadora- “se ha incurrido en excesos” en la apertura a la libertad de expresión.
El problema es que, una vez más, sus asesores no midieron el “timing”. Utilizar el delito de “terrorismo” para reprimir aun periodista provocó que nos remitiéramos, de manera obligada, a lo sucedido en Michoacán, cuando se detonó una camioneta cargada de explosivos.
En principio, ese suceso fue calificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como un acto de terrorismo, lo que de inmediato fue rechazado por la presidente Claudia Sheinbaum y por su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien -además- explicó en qué casos el gobierno identifica un evento como acto terrorista. Dijo que el terrorismo ocurre “cuando se imponen objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales; en este caso se trató de un acto criminal con el fin de ampliar sus actividades ilícitas: trasiego de drogas, extorsión y control del territorio, entre otras”.
Curiosamente, la Fiscalía de Veracruz no ha hecho públicos los hechos que, desde su óptica, realizó Lafita León y que provocaron su imputación, lo que nos daría una luz y nos permitiría verificar si encajan con la definición de terrorismo que planteó García Harfuch.
Quedó claro que al gobierno federal le incomoda que se hable de la existencia de casos de terrorismo en el país, y cuando se supo sobre la aprehensión del periodista de Coatzacoalcos, hubo alguna “sugerencia” de borrar de la versión oficial ese término.
Fue así como, en su comunicado, la FGE se refirió a un delito “previsto en el artículo 311 del Código Penal del Estado de Veracruz”, que se refiere específicamente a terrorismo, aunque ya no se incluyó ese término.
Quizá la diferencia entre aquel suceso del 2011 y el de ahora, será la actitud que asuma quien está al frente del gobierno de Veracruz. ¿Persistirá Rocío Nahle en su empeño de “castigar” al comunicador o, como en aquella ocasión, retirará la Fiscalía los cargos?
Que el juez de control disponga la liberación de Lafita León raya en lo imposible. Si antes los juzgadores del fuero común actuaban bajo consigna, ahora, con la tristemente célebre reforma judicial, es el Ejecutivo el que emite sentencia.
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Epílogo.
Lamentable, de verdad, la decisión de Adolfo Ramírez Arana de mantenerse al frente de la dirigencia estatal del PRI. El más sencillo ejercicio de introspección le hubiera permitido entender que no hizo un buen trabajo (concediendo, incluso, que las circunstancias no lo favorecieron) y que era el momento de “airear” al partido, que está al borde de la extinción. *** Su desesperado llamado, ofreciendo “puertas abiertas para aquellos que se fueron y quieran regresar”, hace evidente la crisis de confianza y credibilidad que padece el tricolor en Veracruz. *** Quizá su objetivo sea pasar a la historia, como “el enterrador” de ese legendario partido político en el estado.
