Marx Arriaga acusó que el nuevo modelo educativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se mantiene por omisiones internas, intereses administrativos y decisiones que permiten la precarización laboral de docentes que reciben alrededor de cinco mil pesos mensuales, sin prestaciones ni derechos sindicales.
Desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Guerrero, el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que el esquema con el que opera CONAFE no garantiza el derecho a la educación y que su permanencia responde a prácticas heredadas dentro de la dependencia de gobiernos pasados.
En una transmisión en vivo, Arriaga deslindó al actual gobierno federal y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del origen del programa, sin embargo, indicó que la responsabilidad proviene de decisiones tomadas al interior de la SEP.
A finales de diciembre pasado, Arriaga llamó a conformar una nueva organización educativa con estructura autónoma y fuera de los canales formales de la propia Secretaría, al sostener que la conducción actual del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado Carrillo, no solo mantiene sino que acentúa procesos de privatización en la educación pública.
A través de un documento difundido en su cuenta de X, Arriaga propuso la creación de los Comités para la de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos, concebidos como espacios permanentes de organización, formación política y acción colectiva.
Según el texto publicado la noche del 25 de diciembre, estos comités funcionarían con esquemas propios de registro, coordinación y toma de decisiones, al margen de los mecanismos institucionales de la SEP.
Entre las razones expuestas para impulsar esta nueva estructura, el funcionario afirma que dentro de la propia Secretaría siguen vigentes políticas, programas y materiales que –a su juicio– contravienen el Plan de Estudio 2022 y los principios de la Nueva Escuela Mexicana promovida por Andrés Manuel López Obrador, pese a que dicho modelo ya se encuentra oficialmente en vigor.
El documento sostiene que la privatización educativa continúa mediante diversos mecanismos, como la entrega de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a planteles privados, así como el incremento de costos asociados a colegiaturas, materiales, uniformes y las condiciones laborales del magisterio.
Asimismo, se denuncia la operación de alianzas y programas promovidos por fundaciones y organismos nacionales e internacionales que, según el texto, buscan reinstalar el enfoque educativo por competencias.
El desplegado menciona de forma explícita a la Alianza México Aprende Leyendo, la cual –de acuerdo con el documento– tiene presencia en al menos 11 entidades federativas, entre ellas Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con la participación de diversas fundaciones y organizaciones privadas.
Otro señalamiento relevante es la circulación de materiales educativos alternos dentro del propio sistema, como cuadernos de apoyo curricular para la enseñanza de matemáticas, que –según acusa el texto– dejan de lado los Libros de Texto Gratuitos y el enfoque “crítico-transformador” del Plan de Estudio 2022, lo que es interpretado como una disputa por el control de los contenidos que llegan a las aulas.
El documento también repasa los conflictos legales y administrativos que han acompañado la elaboración y distribución de los Libros de Texto Gratuitos, incluyendo miles de amparos, controversias constitucionales y acciones orientadas a frenar su impresión y entrega.
“REBELARSE” Y CONSTRUIR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
En este contexto, el desplegado publicado en diciembre y atribuido a Marx Arriaga argumentaba que la persistencia de estas prácticas justifica el llamado a “rebelarse” y a edificar una organización educativa propia, integrada por docentes y personas afines al actual modelo educativo, con el propósito de defender los Libros de Texto Gratuitos, supervisar las políticas educativas y disputar la orientación del Sistema Educativo Nacional.
La convocatoria plantea un esquema de articulación independiente que contempla el registro de personas interesadas mediante un formulario digital y su integración a grupos de mensajería instantánea para coordinar acciones a escala nacional. Indica que el proceso organizativo será permanente y establece un primer periodo de actividades del 1 de enero al 1 de febrero de 2026.
Finalmente, el desplegado señala de manera directa a la SEP y a su titular al afirmar que, “a pesar de la implementación formal del nuevo modelo educativo, continúan operando dentro de la institución decisiones y programas que profundizan la privatización de la educación pública y dan pie a la creación de esta nueva estructura organizativa”.
Con información del diario EL UNIVERSAL.
