Veracruz, Ver.— Docentes y directivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) anunciaron que este viernes entregarán una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar su intervención ante una serie de irregularidades administrativas, financieras y de gestión que, aseguran, los mantienen sin salario desde hace casi un año y sin reconocimiento de su antigüedad laboral.
En el documento, los trabajadores exponen que la UPAV fue creada hace más de dos décadas con el objetivo de llevar educación media superior y superior a las zonas más marginadas y de difícil acceso del estado, bajo un modelo educativo de inspiración vasconcelista. Actualmente, la institución tiene presencia en los 212 municipios de Veracruz.
Los firmantes señalan que, a diferencia de la Universidad Veracruzana, la UPAV no recibe subsidio estatal, pues históricamente se ha regido como un modelo autónomo y autosustentable. Sin embargo, en los últimos años —afirman— la universidad fue objeto de graves irregularidades administrativas y financieras que derivaron en denuncias penales, detenciones y procesos judiciales contra ex funcionarios.
No obstante, acusan que dichos procesos no han alcanzado a los presuntos responsables de mayor jerarquía, a quienes señalan como actores intelectuales del desfalco financiero que afectó severamente a la institución.
Reconocen como un avance el decreto aprobado por el Congreso del Estado que garantiza recursos para la operación de la UPAV, aunque advierten que dicha medida no contempla la regularización de las condiciones laborales del personal académico y directivo.
De acuerdo con los docentes, pese a la falta de pagos, continúan impartiendo clases, administrando sedes y atendiendo a miles de estudiantes. Denuncian además pagos irregulares, falta de certeza salarial, ausencia de seguridad laboral, riesgo de cierre de sedes y la negativa a reconocer su antigüedad.
En la carta dirigida a la presidenta, solicitan atención urgente a los adeudos salariales, el reconocimiento de sus derechos laborales y el esclarecimiento total del desvío de recursos, de modo que se finquen responsabilidades no solo a quienes ejecutaron las irregularidades, sino también a quienes las permitieron.
