Xalapa, Ver., viernes 6 de febrero de 2026.— El senador de la República, Manuel Huerta, adelantó que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas se perfila para ser aprobada la próxima semana en el Senado, al considerarla una de las modificaciones más relevantes en materia laboral de los últimos 50 años.
Durante una conferencia de prensa, el legislador sostuvo que existe desinformación y tergiversación sobre el contenido de la iniciativa, particularmente desde sectores opositores, por lo que llamó a difundir con claridad sus alcances reales. Precisó que la Constitución establece jornadas diarias de ocho horas, por lo que la reducción semanal a 40 horas configura automáticamente una semana laboral de cinco días, contrario a versiones que afirman que no habrá más días de descanso.
Huerta recordó que la legislación laboral no había sido modificada desde 1974 y subrayó que esta reforma impactará directamente a más de 13.4 millones de trabajadores y trabajadoras en el país, dependiendo de su tipo de relación laboral.
Asimismo, rechazó que la iniciativa contemple jornadas obligatorias de 12 horas. Aclaró que lo que se amplía es el margen para horas extras voluntarias, las cuales deberán pagarse al doble del salario, y hasta al 300 por ciento cuando se laboran en domingo. Añadió que la propuesta mantiene la prohibición de que menores de 18 años realicen horas extraordinarias.
En cuanto al proceso legislativo, informó que la discusión iniciará en comisiones del Senado a principios de la próxima semana, con una posible votación en el Pleno entre miércoles y jueves. Posteriormente, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados y a los congresos estatales, al tratarse de una modificación constitucional, antes de avanzar hacia los cambios correspondientes en la Ley Federal del Trabajo.
El senador enfatizó que la reducción de la jornada no afecta el ingreso ni la productividad, sino que mejora la salud laboral al disminuir riesgos asociados al estrés, la fatiga y los accidentes de trabajo, por lo que calificó la iniciativa como una política de bienestar y prevención.
